El Ayuntamiento abonará un total de 600.000 euros por un local, situado en la calle Libertador Hidalgo y Costilla (Guadalquivir), que no ha utilizado nunca. El Consistorio firmó el contrato en 2009 con la empresa Injupisa con una duración de diez años y con la posibilidad de rescindirlo a los cinco años de vigencia, es decir, en 2013. Lo que no incluía el contrato era una cláusula de rescisión, por lo que al no haberlo cerrado en 2013 tendrá que estar pagando hasta dentro de dos años. A razón de 5.000 euros al mes, el Ayuntamiento lleva ya abonados (hasta agosto de este año, mes cuando se firmó) 480.000 euros, cantidad que llegará a los 600.000 euros una vez el contrato finalice en 2019. Fue Ciudadanos el grupo municipal que ya denunciara esta situación en el Pleno y el que preguntara por la situación del contrato. El PP también ha criticado, este pasado verano, el gasto que supone tener alquilado un edificio al que en ocho años no se le ha dado uso, aunque los populares estaban en el gobierno en 2013, año en el que podía haberse renunciado a seguir pagando.

La historia de la firma del contrato se remonta al año 2009, cuando la responsable de Gestión por aquel entonces, Alba Doblas (actual delegada de Hacienda) lo formaliza con Injupisa, la inmobiliaria de la familia Piedra que tenía un supermercado en ese mismo local. ¿Por qué no generó actividad el gobierno municipal de entonces en el local? Por el coste que suponía arreglarlo y dotarlo de servicios básicos. La ironía viene después cuando se vislumbra que también supone un coste significativo el romper el contrato. El estudio realizado en su momento hablaba de que habría que desembolsar 60.000 euros (hasta 2019) por interrumpir el contrato, una cifra que al final habría salido a cuenta.

El contrato de alquiler se podría haber rescindido en el año 2013

El Ayuntamiento adquirió el local con el objetivo de cederlo a los colectivos sociales del distrito que se habían quedado sin espacio al comenzar todo el proyecto de la Normal de Magisterio (obra acabada pero no puesta en marcha). Sin embargo, al no poder poner en marcha todos los servicios requeridos en el local, éste se quedó sin actividad alguna y así sigue a día de hoy.

El último movimiento en torno a este asunto ha venido dado por la junta de gobierno local que lo único que ha podido determinar es el aviso a la dueña del espacio de que no se proseguirá el contrato una vez venza el plazo inicial. Esto es, el Ayuntamiento estará pagando por el local hasta el año 2019 un total 5.000 euros mensuales, un alquiler que por el incremento del IPC se ha ido encareciendo.