La Audiencia Provincial de Córdoba cree un "sarcasmo" y una "ofensa a la inteligencia" que dos acusados de construir una casa en la parcelación ilegal Las Pitas, ubicada en la zona declarada Bien Interés Cultural de Medina Azahara, alegaran desconocer esta consideración y confirma la orden de demolición. La sentencia de la Audiencia a la que ha tenido acceso Efe, que firma el presidente de la misma, Eduardo Baena, confirma así otra anterior del Juzgado de lo Penal número 4, que condenaba a un padre y a su hijo a 36 meses de prisión y a demoler la vivienda como autores de un delito contra la ordenación del territorio. En concreto, determina que la parcela sobre la que se asienta la construcción, una vivienda de una sola planta en forma de L con 17 metros de fachada y 12 metros en su lateral más largo, es un lugar que "legal y administrativamente" tiene reconocido un valor digno de protección.

El presidente de la Audiencia niega el argumento de la defensa de que ambos condenados desconocían el carácter ilícito de la construcción ya que "no deja de ser un sarcasmo y una ofensa a la inteligencia" de la sociedad y de los tribunales que aleguen ese desconocimiento cuando no son personas marginales, viven desde hace años en la zona y forman parte de la asociación de vecinos. En concreto, destaca que los dos acusados viven en la zona desde 1995 y que uno de los objetivos de la asociación de vecinos es resolver los problemas que les genera la declaración de Bien de Interés Cultural. Además, el magistrado resalta que es "un hecho notorio" y "sin necesidad de prueba" que "la comidilla" de la ciudad desde hace varios años es todo lo relativo a las parcelaciones ilegales y muy en concreto las que rodean el conjunto arqueológico de Medina Azahara.

También afirma que le extraña que personas del nivel cultural de los acusados fuesen ajenos a una polémica en la que se encontraban directamente interesados por vivir en la zona. Critica que "quienes desprecian la legalidad urbanística de modo tan alegre" aduzcan que no existen carteles que alerten de la ilegalidad de las construcciones en esta zona y denuncia que "es una táctica que los tribunales, salvo ingenuidad supina, no deben admitir".

El presidente de la Audiencia provincial reconoce que estos núcleos se han consolidado a través del tiempo merced a una "desidia" de los poderes públicos, que "dio alas" a la población por levantarse las viviendas a la "vista, ciencia y paciencia de aquellos". Sin embargo, reconoce que la solución a este problema respecto de lo ya hecho no puede pasar por la jurisdicción penal, sino que requiere soluciones políticas y administrativas de restauración de la legalidad cuyo control, en su caso, corresponderá a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Asimismo, valora que los poderes públicos, desde hace unos años, hayan tomado conciencia del problema y la "desidia" se ha transmutado en diligencia, ya que ha comenzado a actuar la policía urbanística.