La parlamentaria de Adelante Andalucía, Luzmarina Dorado, ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que siga el ejemplo de Cádiz y emita el cobro del IBI a los bienes de la Iglesia que no estén destinados al culto o la enseñanza. “Hablamos de más de 400 propiedades en concepto de viviendas, locales, garajes, solares, edificios o fincas que no tienen relación directa con la práctica religiosa y cuyo gravamen fiscal permitiría recaudar en torno a un millón de euros que podrán utilizarse para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y para intentar minimizar sus efectos económicos y sociales”.

Desde Adelante Andalucía consideran que en este contexto de crisis sanitaria, pero también económica y social, “todos los estamentos e instituciones tienen que arrimar el hombro para que, de manera comunitaria, podamos salir adelante sin dejar a absolutamente nadie atrás”. En esta línea, Dorado ha explicado que también la Iglesia “tiene que implicarse y compartir la carga que, desde todos los sectores sociales, se está asumiendo de forma ejemplar para llegar donde no llegan los estados ni los mercados y paliar una de las mayores crisis que ha vivido Andalucía y el conjunto de nuestro país”.

Por eso, la parlamentaria cree que se trata de una medida “de sentido común” que hay que poner en marcha “por responsabilidad, coherencia y solidaridad con la ciudadanía”, sobre todo cuando hablamos de una institución, la Iglesia, “que en 2019, y a falta del dato oficial, porque el Cabildo no lo publica, ha percibido un montante que oscila entre 18 y 20 millones de euros exclusivamente derivados de la recaudación por el acceso a la Mezquita, un edificio inmatriculado, enclave identitario fundamental y principal reclamo turístico de la ciudad, cuyos ingresos específicos no declara y por los que está exenta de la tributación de IVA y del Impuesto de Sociedades”.

Para Dorado, “el anacronismo que supone que a día de hoy la religión católica siga teniendo privilegios es una realidad que empeora la calidad democrática de nuestro país”, por eso “aplaudimos medidas como las del Ayuntamiento de Cádiz e instamos al Ayuntamiento de Córdoba a seguir su ejemplo en una situación de excepcionalidad que, además de una crisis sanitaria, social y económica, está tornando hacia una crisis de desconfianza en un sistema que no llega a atender a todos sus ciudadanos y vecinos”.

El Ayuntamiento de Cádiz anunció hace unos días que va a cursar las correspondientes facturas para cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las propiedades de la Iglesia que no estén destinadas al culto ni a la enseñanza. Esta decisión está directamente relacionada con el tema de la crisis del coronavirus. En este sentido, el equipo de Gobierno afirma que esta propiedad se de la Iglesia, es decir, los pisos, garajes y locales no están directamente relacionados con la práctica religiosa “y es una forma de implicarla en este esfuerzo descomunal que está haciendo la sociedad gaditana y, sobre todo, con los más vulnerables, que serán los grandes damnificados de esta crisis”.