Editorial

Reformas y sus consecuencias

La recaudación por Sucesiones en 2018, tras la rebaja pactada por PSOE y Cs, ha sido 91,1 millones inferior a la previsión inicial

La reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones que ejecutó en la anterior legislatura el Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, por exigencia de su entonces socio parlamentario, Ciudadanos, supuso una merma en los ingresos de la Administración autonómica de 91,1 millones de euros respecto a la previsión que se hizo sobre el impacto en la recaudación. Así, la Consejería de Hacienda que entonces dirigía María Jesús Montero calculó que, tras dejar exento el pago de cualquier herencia inferior o igual al millón de euros, la Administración recaudaría por ese impuesto 390,4 millones de euros en 2018, pero la realidad ha demostrado que los ingresos efectivos por ese concepto del ejercicio anterior se quedaron en 299,3 euros, lo supone una reducción de casi la cuarta parte de la previsión (el 23,3% exactamente). El dato, más allá de la realidad contable que supone, viene a poner de relieve que las decisiones políticas que se han tomado tienen importantes consecuencias en los ingresos de una Administración ya infrafinanciada. La cifra real es incluso menor que los 309,04 millones que el Gobierno andaluz actual estima que recaudará en 2019 tras aplicar una bonificación sin límite de cantidad del 99%, aunque para defender esa cifra sostiene que las donaciones aumentarán tras dejar el tipo al 1% y permitirán sostener la recaudación. El tiempo dirá si es una previsión correcta o no. La merma de los ingresos por la reforma de Sucesiones y Donaciones del Gobierno de Susana Díaz debe hacernos reflexionar sobre el hecho de que las rebajas de ingresos tienen que tener su reflejo en los gastos para cumplir las exigencias de equilibrio presupuestario. Y en esa tarea el actual Ejecutivo autonómico tiene muchas decisiones que tomar. El Presupuesto que tramita el Gobierno de Juanma Moreno ha aumentado la previsión de gasto y parece haber soslayado, seguro que influenciado por el largo calendario electoral, la necesaria reforma de la Administración pública andaluza y, sobre todo, de sus agencias públicas. Muchos expertos, entre ellos el panel de economistas que escriben en las páginas de este diario, llevan años alertando de la sobredimensión administrativa de Andalucía. Los propios partidos que soportan hoy el Gobierno lo defendían cuando ejercieron la oposición. Es una tarea que este Ejecutivo tendrá que acometer, de acuerdo a sus postulados económicos liberales. Y también a que el tercer partido que les apoya, Vox, defiende una reducción del aparato público andaluz. Pero conviene recordar que las reformas políticas tienen consecuencias económicas y es exigible a los gobernantes rigor para que no supongan un retroceso en la calidad de los servicios públicos.

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