La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación, por 742.687 euros, la contratación del Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía (SAVA) en la provincia para las dos próximas anualidades, y el valor estimado final del contrato asciende a 1.350.340 euros, por la posible prórroga prevista en el mismo

Según ha informado la Junta en una nota, la delegada territorial en Córdoba, Raquel López, ha explicado que el objetivo es "garantizar la prestación de este servicio en los partidos judiciales de la provincia, con la incorporación de un profesional más, para dar respuesta a los usuarios que han sufrido cualquier tipo de delito, si bien es cierto que la mayoría de las usuarias son mujeres y víctimas de violencia de género"."De esta manera --ha proseguido-- se ampliarán los equipos que ofrecen este servicio, para dar mayor cobertura y prestar una asistencia adecuada que satisfaga las necesidades de las personas víctimas de violencia de género".

López ha detallado que el nuevo contrato modifica el número de profesionales con respecto al anterior, aumentando de seis a siete los efectivos. En concreto, los psicólogos pasan de dos a tres. Dicho aumento se debe a la ampliación de instalaciones de salas Gesell en la provincia de Córdoba con respecto a las existentes, que son las de las sedes judiciales de la capital, Peñarroya-Pueblonuevo y Puente Genil, a las que se sumará Lucena próximamente.

Se reforzarán los equipos itinerantes, prueba de la "apuesta del Gobierno de Juanma Moreno para acercar y mejorar la justicia a los diferentes partidos judiciales", según ha sostenido la delegada.

La Consejería de Justicia, según ha señalado, trabaja para "acercar los recursos a favor de las mujeres que, aunque no son las únicas víctimas que pueden acudir a este servicio, constituyen el mayor porcentaje entre el número total de usuarios".

Raquel López ha destacado que "es fundamental evitar la victimización secundaria mediante el acompañamiento que realizan los profesionales del SAVA en todas las fases del procedimiento judicial, de principio a fin", y "es necesario un acercamiento del servicio a los usuarios y evitar traslados que pongan en riesgo la seguridad de las víctimas".

El objetivo de la Junta es "prestar una atención y asistencia integral, coordinada y especializada, a las víctimas de delito o falta, basada en la igualdad de género como principio transversal, y dar respuestas a sus necesidades específicas en los ámbitos jurídicos, psicológico y social, mediante la intervención interdisciplinar de los profesionales que las atienden".

El SAVA es un servicio de carácter público, de ámbito andaluz, universal y gratuito, bajo la dirección y coordinación de la Consejería de Justicia, Administración y Función Pública, que es la competente en materia de justicia y asistencia a víctimas.