La Guardia Civil ha constatado este lunes en el juicio al ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla que la Consejería de Empleo dio un "trato de favor" a las empresas vinculadas al corcho de la Sierra Norte, que recibieron más de 8 millones de euros en ayudas de la famosa partida presupuestaria 31L.

El agente que participó como instructor del atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha declarado en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, donde ha afirmado que si bien Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía, indicó en su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria que Andalucía representaba el 14% de la producción mundial de corcho y la Sierra Norte de Sevilla sólo el 3%, lo cierto es que estas ayudas "se concedieron sólo a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla" y la conclusión policial a la que llegar es que daba igual el sector al que se dirigían las ayudas porque lo que hubo fue un "trato de favor a las empresas y empresarios de la Sierra Norte".

El guardia civil, que ha ratificado el atestado elaborado, ha manifestado además que Borbolla y los demás beneficiarios de las ayudas "debían de conocer que lo que había era un trasto de favor a una comarca concreta, había una connivencia entre ellos, no hay un engaño a la Administración pública porque prácticamente es una entrega gratuita de activos", ha dicho el agente, que ha destacado igualmente el "papel preponderante" de Ángel Rodríguez de la Borbolla en relación a todas las subvenciones, ya que tiene "participación" en las cinco sociedades que recibieron ayudas, se reúne con los responsables públicos y está autorizado en las cuentas bancarias.

El funcionario ha añadido que había un proyecto de viabilidad sobre la fusión de dos de las empresas (Cortansa y Corchos de Cazalla) en seis meses, pero esa fusión "nunca se produjo", y ha relatado cómo no existió ni solicitud formal de la ayuda ni "informe de necesidad" que justificara el porqué de las ayudas, ni tampoco un seguimiento de las subvenciones concedidas. Y esas ayudas se siguieron dando entre 2001 y 2007 en algún caso sin que la Consejería de Empleo "hiciera nada".

A los investigadores también les llamó la atención que la primera de las subvenciones se concedió tan sólo un día después de la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedieron todas las ayudas de la partida 31L investigadas en la macrocausa de los ERE, cuando el director de Trabajo Javier Guerrero -ya fallecido- y el entonces presidente del IFA Antonio Fernández -luego consejero de Empleo- suscribieron ese 18 de julio un convenio en el que se ponía de manifiesto que "con el fin de propiciar la fusión definitiva de las entidades Corchos de Cazalla y Cortansa, la dirección general de Trabajo encomienda al IFA la materialización singular de una ayuda hasta la cantidad de 200 millones de pesetas a la entidad Corchos de Cazalla".

A juicio del agente, es "muy posible que las ayudas estuvieran pactadas de antemano", ha aseverado el testigo, que ha agregado que más que una proyecto subvencionable, lo que sucede con las ayudas a la Sierra Norte "parece una transmisión patrimonial de fondos públicos, una entrega dineraria a fondo perdido", ha precisado. 

El agente ha contado igualmente que el propio Ángel Rodríguez de la Borbolla les comentó que había tenido un "encuentro informal" en un acto del PSOE con Antonio Fernández, al que le explicó la situación de las empresas del corcho y poco después lo citaron a una reunión para tratar el tema de las ayudas. Sobre la concentración de las ayudas en la Sierra Norte, el investigador ha recordado la vinculación que tenían con la zona el director de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, que había sido alcalde de El Pedroso (Sevilla), y el consejero de Empleo José Antonio Viera, por lo que ha concluido que estas ayudas se concedieron de manera discrecional y por "afinidades políticas". Así, ha indicado que se dieron también ayudas a cooperativas de aceite de la Sierra Norte pero a la provincia de Jaén, otro de los grandes productores, "no se dan ninguna".

Los cinco procesados en esta causa son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; y un responsable de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías, que "facilitó mediante su firma" la obtención "fraudulenta" del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el instructor en el auto de procesamiento.