En los últimos 27 años, España ha tenido que lidiar con múltiples cárteles empresariales, acuerdos secretos entre empresas del mismo sector que han ensombrecido la libre competencia y generado un gran impacto negativo en la economía nacional, además de perjudicar directamente el bolsillo y la calidad de vida de muchos ciudadanos.

El más reciente es el conocido como cártel de coches, que intervino entre 2006 y 2013 pactando una estrategia común para fijar el precio de venta de los automóviles.

Los 25 principales fabricantes y distribuidores del sector se embolsaron unos 27.000 millones de euros a costa de más de nueve millones de personas durante los años en que actuó. La ridícula multa impuesta ascendió a un total de 117 millones de euros.

Según Gonzalo García de Diego, co-CEO de Cartel.es, “el cártel de coches no fue un cartel al uso, porque no fue un simple acuerdo entre competidores para la fijación de precios o el reparto de territorios o clientes; fue un intercambio de información comercial sensible sobre la estrategia de la distribución comercial, los resultados de las marcas y la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios”.

Equipo fundador de Cartel.es: Gonzalo R. García de Diego, Wilhelm Mayer y Paul McCaughey.

Por ello, las últimas sentencias en la Comunidad Valenciana, Cataluña o País Vasco, entre otras, no solo han impuesto indemnizaciones de entre el 5% y el 12,5% en la valoración de los daños e imposición de intereses, sino que los distintos juzgados mercantiles ya están aplicando también las costas del proceso a los demandados.

Otros cárteles que han operado en España

Lamentablemente, el de los coches no fue un caso aislado. Estas prácticas se extienden a otros sectores: estos son algunos de los precedentes al cártel de coches:

• Cártel de los pañales (1996-2014): influyó en los precios de los pañales financiados por la Seguridad Social de venta en farmacias y pacientes no hospitalizados. En este caso, los principales afectados durante esos 18 años fueron las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios que daban servicio a más de 2,5 millones de personas. La multa que se les impuso ascendió a 128,8 millones de euros.
• Cártel de camiones’ (1997-2011): con una sanción impuesta por la Comisión Europea de 3.600 millones de euros, este cártel infló los precios de camiones de medio y alto tonelaje, afectando la compra de más de 300.000 camiones en España durante su operativa.
• Cártel de la leche’ (2000-2013): coordinó estrategias comerciales a expensas de más de 50.000 ganaderos y estas empresas y asociaciones fueron también penalizadas por la CNMC con 80,6 millones de euros.

“Aunque es incalculable el número de personas damnificadas y el sobrecoste que recaudaron, está claro que las sanciones impuestas son irrisorias y todavía hoy en día continuamos viendo el impacto que han generado en nuestra economía”, señalan desde Cartel.es. No obstante, se puede estimar el impacto económico que generaron estas empresas en nuestro país en base a las sanciones económicas impuestas, que suman más de 3.925 millones de euros.

En el caso de las reclamaciones de los afectados por el cártel de coches, podrán presentarse hasta abril de 2026 según el fallo del TJUE. Hasta la fecha, menos del 2% de los damnificados han iniciado los trámites.

“Es imperativo que tanto consumidores como empresas reclamen. Las sanciones deben tener una condición ejemplarizante y la única forma es que los afectados reclamen el dinero que les robaron”, recalca García de Diego.