Centenares de edificaciones radicadas en el término municipal de Lucena persisten encajadas en una calificación de irregularidad urbanística. Una anomalía prolongada, tácitamente aceptada y esparcida por sectores rurales y entornos diseminados de segunda o primera residencia.

Transcurrido un período de seis años, caduca el plazo que permite demoler estas construcciones. Antes, cuatro años después de la ejecución, se libera a los supuestos infractores de cualquier multa económica. Todo ello, supeditado al pronunciamiento de un tribunal ordinario.

Este sistemático desorden normativo, una vez más, ha reverberado, en su último capítulo, a raíz de dos ráfagas insufladas por Izquierda Unida: la referencia a la recurrente fotografía de "los camiones que todos vemos" hacia zonas de sobresaliente fragor de esta casuística, como Campo de Aras, Las Vegas, La Torca, Los Poleares o La Viñuela; y la llamativa cifra asignada al personal municipal encomendado a la disciplina urbanística: 0,4. Miguel Villa, portavoz de esta formación, basa la estimación de este raquítico número decimal en la dilatada baja de un trabajador y alude, también, a los derechos de vacaciones, descanso y asuntos propios poseídos y disfrutados por el otro empleado público.

"Disparatado", atribuido al avance de estas prácticas, y "grave", al especificar la trascendencia de este indisimulado subterfugio, son los términos que verbaliza Villa para traslucir "un caos" soslayado, manifiesta, de las comisiones informativas competentes de los últimos meses. Le exige al concejal del ramo entablar "una batalla", la incoación de expedientes y la formulación de sanciones, recurriendo a razones de "justicia".

En una reflexión hilvanada con amplia perspectiva, aboga por priorizar e intensificar una inversión económica, conceptuada en una voluntad política, e instaurar una "importante" área de disciplina urbanística. Un propósito, este último, sopesado y apreciado positivamente por el equipo de gobierno, advirtiendo, sincrónicamente, de su complejidad por el desembolso económico que entraña.

Frontal del casco urbano de Lucena.

Varios elementos, complementarios e interrelacionados, conjuga el alcalde, Juan Pérez (PSOE), acerca de esta enconada y duradera cuestión. Reconoce, sin circunloquios, la mengua de los recursos humanos, defiende avances en la dotación y formación tecnológica del Ayuntamiento y alienta a los ciudadanos a formular denuncias si comprueban fortuitamente conductas ilegales.

Explícitamente manifiesta que es un negociado que requiere de "un refuerzo" de integrantes activos y recalca que "es un papel que tenemos que impulsar". Apunta Pérez a la opción, por el momento inoperativa, de incorporar a esta función específica a policías locales en segunda actividad, régimen actualmente vacante en Lucena.

Un dron y denuncias ciudadanas

A los vuelos fotogramétricos –de alto coste- promovidos bienalmente, agrega, como idea próxima, la adquisición de un dron y proporcionar la oportuna preparación y habilitación a dos trabajadores de Urbanismo y a otro más de Agricultura, a fin de que dirijan y extraigan la información de este vehículo aéreo no tripulado.

Incidiendo en "la preocupación" que le genera este asunto, revela que él mismo, en sus rondas rutinarias por los caminos rurales, ha telefoneado a Urbanismo comunicando movimientos "que me llaman la atención". Aludiendo a una eventual "proliferación" de casos, expone que "hay que denunciarlos" ya que "es muy complicado controlarlo", reconoce el alcalde, quien, no obstante, enfatiza que el Ayuntamiento "pondrá todo lo mejor que tenga a su alcance" con la pretensión de inspeccionar estas actuaciones indebidas.

Una ordenanza para regularizar los AFO

De forma paralela, y sin conexión directa, el Consistorio última la aprobación de la ordenanza fiscal que permitirá "regularizar" los asimilados fuera de ordenación. El concejal de Urbanismo, César del Espino (PSOE), aclara, acentuándolo, que "no es una cuestión política ni ideológica, sino técnica y de legalidad". En la última comisión informativa, las posturas expresadas por los grupos políticos vaticinan una aprobación -después de varios intentos fallidos- en la próxima sesión plenaria, a celebrar (por videoconferencia) el martes 29 de septiembre.

Este reglamento adapta al contorno municipal el decreto ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, validado por la Junta en septiembre del pasado año. Una norma que homogeneizará el statu quo de edificaciones irregulares. La declaración AFO -un derecho, no obligación- posibilitará la obtención de suministros como la luz, el agua y el saneamiento y posibilitará obras de conservación y mantenimiento. Igualmente, los propietarios podrán efectuar una inscripción registral.

El Ayuntamiento de Lucena estipulará cantidades fijas y variables, por tramos, sobre el presupuesto de ejecución material, para conceder esta potestad.