El sector con mayor número de reclamaciones en Lucena ha sido, de nuevo, el de la telefonía, según los datos de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), seguido por el de suministro eléctrico, los seguros y la banca. 

En lo que va de año, la Oficina Municipal de Información al Consumidor ha atendido un total de 1.608 consultas, de las que 427 derivaron en la apertura de expedientes de reclamación, lo que supone un 26,5% del total. Además, las reclamaciones interpuestas han obtenido una repercusión económica favorable para los lucentinos de 45.502 euros. 

El Ayuntamiento ha informado también de que el desglose de esa cifra arroja que en seis ocasiones el expediente finalizó en denuncia, en doce casos derivó en quejas y, por último, en 409 ocasiones se quedó en meras reclamaciones, de las que 252 se han resuelto a favor y 78 en su contra, por las 73 que actualmente permanecen en trámite.

El concejal de Consumo, Lucas Gómez (PSOE), por su parte, ha destacado la “escasa” presencia de empresas netamente de la localidad objeto de reclamaciones, que en su gran mayoría van a parar a empresas multinacionales o nacionales que también operan en Lucena pero en muchos casos sin oficina en la ciudad. 

Todos estos datos se han hecho durante la presentación de las novedades en las hojas de reclamaciones y quejas de la OMIC, que entra en vigor el próximo 4 de diciembre. Gómez (PSOE), ha explicado que los principales cambios se concentran en la creación de un nuevo modelo de hoja de quejas y reclamaciones, donde se incluye el teléfono de Consumo responde, con el que podrá contactar el consumidor/usuario durante el momento de cumplimentar la hoja en caso de dudas. 

Además, la nueva normativa establece que la hoja de reclamaciones se debe entregar dentro del propio establecimiento, no en otras dependencias de la empresa, y regula la negativa a facilitar, firmar o recibir dicha hoja por parte de la empresa reclamada, que ya no puede negarse por lo que el reclamante podrá solicitar el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad más próximos.

Entre las novedades, también aparece que en el plazo de 10 días que tiene el empresario para contestar a la reclamación debe incluir a partir de ahora una propuesta de solución al conflicto e indicar si acepta o no la mediación o el arbitraje de consumo. Esta documentación acreditativa de haber cumplido con la contestación deberá conservarse a disposición de la Inspección de Consumo durante un plazo de cuatro años.