Los vecinos de varias localidades de Los Pedroches –Torrecampo, El Guijo y Fuente La Lancha– están viviendo en primera persona la crónica de un cierre anunciado, el de distintas sucursales bancarias. Es la crónica de una clausura anunciada porque la política de los bancos y cajas –no olvidemos que son empresas– va en esa dirección después de los efectos sufridos por la crisis y tras el surgimiento de unas nuevas tecnologías que hacen cada vez más prescindible para las entidades financieras la clásica figura del banquero humano. Esa crónica, créanme, va a continuar teniendo muchos capítulos más en forma de cierre de más sucursales a lo largo y ancho de la geografía cordobesa.

Esto no ha hecho nada más que empezar. Seguramente –como comentaba hace unos días con un amigo banquero, que me daba la razón–, si no se han empezado a clausurar antes sucursales a un ritmo más allá de a cuentagotas, sobre todo en localidades con poca población, es porque la generación más mayor no domina al cien por cien el uso del cajero, ni tampoco es muy ducha a la hora de manejarse con la banca online.

Los casos de Torrecampo, El Guijo y Fuente la Lancha son tan solo un ejemplo de la marea que lleva ya años llevándose por delante sucursales y que seguirá –porque ya se ha convertido en ley de vida financiera– mandando a mejor vida a muchas otras. Por eso el comunicado que en Torrecampo se leyó durante la manifestación anticierre de su sucursal también se puede aplicar a muchos otros casos en los que una pequeña población se queda sin ese su servicio básico.

“Este acto [el del cierre de la sucursal] supone un efecto traumático más allá de los servicios bancarios, ya que afecta a una población envejecida que tendrá que desplazarse más de 10 kilómetros hasta otro municipio para realizar las gestiones; un despropósito no solo por la dificultad en los traslados, sino también por la falta de confianza que para las personas mayores supone el realizar gestiones sin presencia física”, rezaba, entre otros argumentos contrarios a la medida, ese comunicado.

Hagamos un poco de historia. El sector financiero llegó a tener en España 46.065 sucursales. Fue en 2008, año en el que la crisis ya había empezado a enseñar sus sangrientas garras. A partir de entonces, el número de oficinas bancarias –y el de empleados, que a nadie se le olvide– no ha hecho otra cosa que menguar.

Según el último dato dado a conocer al respecto por el Banco de España, durante el primer semestre del pasado año se llegaron a cerrar en el país una media de tres sucursales al día. En ese proceso abrupto y fulminante de reducción de la red de oficinas y de rediseño del modelo de relación del banco con el cliente se han quedado en el camino más de 20.000 sucursales, lo que significa que la banca ha suprimido en torno al 42% de sus sedes comerciales en la última década.

A finales del pasado año leí una reflexión al respecto del profesor de Economía Financiera Pau Monserrat, quien en el portal 65ymás.com insistía –en un artículo firmado por Pepa Montero– en que “los bancos están cerrando sucursales, fundamentalmente, por el coste, puesto que en numerosos puntos ya no les es rentable a nivel comercial el tener una oficina con personal físico. Y es que, desde que los clientes se han acostumbrado a usar las herramientas online, la banca por internet, el cajero, etc., cada vez pisan menos la sucursal y, en consecuencia, los empleados lo tienen más difícil para colocarle al cliente de a pie los seguros, planes de pensiones, préstamos personales, etc, que antes les vendían”.

El profesor defendía en ese artículo lo mismo que yo en esa conversación con mi amigo banquero, que “el personal comercial de oficina es un puesto abocado a desaparecer; los empleados de banca, o bien se especializan para ofrecer asesoramiento sobre productos concretos, o se forman en temas relacionados con la tecnología, porque los bancos tradicionales tendrán que volverse útiles a esta nueva banca tecnológica que no necesita sede física”.

De momento, las soluciones que adaptan las entidades en zonas despoblación envejecida en la que echan el cierre pasan por dejar cajeros desplazados –lo que conlleva problemas de manejo y de seguridad para las personas mayores– y en algunos casos se está dando la figura del agente financiero, un intermediario al que la entidad financiera le traspasa sus activos y que, si el negocio le es rentable, instala una oficina pequeña en el pueblo. Insisto, esto no ha hecho nada más que empezar.