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Plan AIRE
Los ayuntamientos cordobeses ya conocen las cantidades que les corresponderán, en función del número de vecinos y desempleados, con algunas correcciones para que proporcionalmente los más pequeños reciban más dinero, del denominado Plan AIRE. Este es el programa de activación, impulso y reactivación del empleo puesto en marcha por la Junta de Andalucía para afrontar la grave crisis económica y social que se derivará de la sanitaria del covid-19.
En total, a la provincia de Córdoba le han correspondido 13.192.002 millones de euros, para realizar contratos desde los ayuntamientos. Es la segunda cantidad más baja de los 165 repartidos a nivel andaluz, solo por delante de la destinada a los ayuntamientos de Huelva, con más de 9.942.743. El volumen más importante va a Sevilla, con 30,3 millones, en tanto que se ha valorado la existencia de las zonas de Inversión Territorial Integrada (ITI), con un “reparto adicional” para las provincias afectadas.
Por franjas de edad, en Córdoba, la mayor cantidad de fondos irá a contrataciones, a través de programas que presenten los ayuntamientos, de desempleados de entre 18 y 29 años, con 5,9 millones de euros. A la franja de edad de los 30 a los 44, irán otros 3,8 millones y 3,4 para desempleados de más de 45 años.
Córdoba capital, en función de su población, es la que recibe con diferencia la mayor cantidad de fondos, más de 4,8 millones de euros. A notable distancia, Lucena podrá disponer de algo más de 678.000 euros y Puente Genil, de 478.000 euros.
Con ese afán de dar proporcionalmente más fondos a los municipios con menos población, los más pequeños no son los que recibirán la partida menor. En concreto, Fuente La Lancha, El Guijo o Conquista, que no superan el millar de vecinos, recibirán 53.000 euros, más por ejemplo que municipios de mayor tamaño, como Espejo o Belalcázar, ayuntamientos a los que han correspondido algo más de 47.000 euros. Para conocer cuánto le corresponde a cada localidad, solo necesitas poner el nombre en el buscador.
El Gobierno andaluz (PP-Cs) ha insistido en que, con las contrataciones, de entre seis y ocho meses a jornada completa, se pretende dar prioridad a los sectores más afectados por la crisis: trabajadores que provengan del sector turístico, la hostelería o actividades deportivas y recreativas. El objetivo es que, a través de la experiencia que adquieran con esos proyectos que deberán desarrollar los ayuntamientos, tengan más posibilidades de hallar una ocupación. Los proyectos tendrán una duración máxima de 12 meses.
La medida cuenta con financiación de Fondo Social Europeo y del Programa Operativo de Empleo Joven. Las ayudas estarán en una horquilla de los 11.700 euros (para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a los 8.880 euros (grupo 4 al 10 de cotización). Por cada mes que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se incrementa el incentivo en una horquilla que va desde los 1.950 euros al mes (grupo 1 de cotización) hasta los 1.480 (para los grupos 4 al 10 de cotización.
Los ayuntamientos recibirán la subvención en un pago único anticipado del 100% de la cuantía y, como novedad, se les exime de estar al corriente en las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, que implicaría no poder participar en el nuevo Plan AIRE.
Deben presentar las solicitudes de las subvenciones cumplimentadas en el modelo que estará disponible en la web del SAE, en 15 días desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, que se produjo el martes, y se establece un plazo de resolución de dos meses. La selección de los desempleados se realizará mediante oferta en el SAE, organismo que proporcionará a los ayuntamientos dos personas candidatas por cada puesto de acuerdo a unos criterios de prelación.
Tendrán prioridad los desempleados especialmente afectados por la crisis sanitaria. Para ello, se ha fijando una especie de orden en el decreto: primero, los desocupados que, sin haber sido contratados desde el 1 de marzo, sí tuvieron un contrato temporal en el periodo que va del 1 de marzo al 30 de junio de 2018, o desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2019, en las actividades de servicios de alojamiento; comidas y bebidas; actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos, y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.
También se han establecido como prioritarias las contrataciones de personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio, seguida de beneficiarios del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, perceptores de subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI), de Renta Agraria y, finalmente, de prestación contributiva por desempleo. A continuación, desempleados residentes en el municipio de referencia, aplicando los mismos criterios de prelación anteriores.
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