Hacienda desmantela una trama de fraude de IVA de más de 300 millones en hidrocarburos con ramificación en Montoro y Lucena

Hacienda ha desmantelado una de las mayores tramas de hidrocarburos desarticuladas hasta la fecha en España. Una red con vinculación con Montoro y Lucena, localidades cordobesas que están entre las 12, repartidas por siete provincias, en las que la Agencia Tributaria ha realizado registros en el marco de la operación Pamplinas Stars. Un dispositivo en el que ha intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.

De esta manera, la Agencia Tributaria ha conseguido desmantelar una red de defraudación de IVA, con implantación en todo el país y una estructura de 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024. En el marco de esta operación, que ha contado con la participación de más de 160 funcionarios, han sido detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya está en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación de esta macrotrama de defraudación arranca a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comienza a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023.

Sucesión de operadoras fraudulentas y bajas en el Redef

En aquel momento aún no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025 en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, ya tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII). La operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.

Esta primera operadora habría basado su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales. En la investigación de la Agencia Tributaria se puso de manifiesto que la operadora habría estado operando a través de empresas instrumentales que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera.

Una vez que la Agencia Tributaria da de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024, la actividad defraudatoria continúa realizándose con una segunda operadora, que comienza a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024, pero en apenas un mes la Agencia también la da de baja en el registro. En ese lapso de tiempo, entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado, según los investigadores, 123 millones de euros.

Finalmente, a mediados de diciembre de 2024 arranca la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal (antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta, la Agencia también da de baja esta operadora del Redef.

Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continúan las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.

Una estructura con 38 sociedades, testaferros y asesorías legales

Finalmente, la Agencia Tributaria destapó una vasta y compleja estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para una doble finalidad: servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad.

Una parte de los fondos obtenidos por la organización, que también contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef, al objeto de dar continuidad a la defraudación.

Esta mecánica permitía un rápido aumento de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el territorio nacional, de forma que el impacto del fraude en la Hacienda pública y sobre la competencia en el sector se concentraba en un escaso margen de tiempo de funcionamiento efectivo de la organización.

Efectos intervenidos por importe superior a 21 millones

Una vez obtenidos todos los elementos indiciarios para ello, el pasado 24 de noviembre se llevó a cabo la primera fase de explotación de la operación, con 18 entradas y registros en inmuebles de Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Siero (Asturias); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca), Montoro y Lucena (Córdoba), Marbella, Estepona y Mijas (Málaga) y Vigo (Pontevedra).

Tras concluir los registros se procedió al embargo preventivo de 82 vehículos de media, alta y muy alta gama con un valor de mercado estimado en tres millones de euros, así como de dos embarcaciones recreativas valoradas en más de 63.000 euros y un total de 48 inmuebles con un valor de mercado de 10,8 millones de euros.

Al mismo tiempo, se bloquearon cientos de cuentas bancarias por un importe global de más de seis millones de euros y criptoactivos custodiados por exchanges. También se han intervenido 42 relojes de gama alta, así como 12 bolsos y otros artículos de lujo con un valor estimado de más de 440.000 euros.

A su vez, se logró intervenir a la organización un importante volumen de dinero en efectivo, incluyendo más de 314.000 euros y billetes de hasta ocho países de África, América y Asia, al igual que dos obras de arte y 178 kilos de lingotes de oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio con una estimación de más de 350.000 euros para todos estos metales de alto valor económico.

La operación continúa abierta

En la operación, que continúa ahora en una segunda fase con el análisis de la abundante documentación obtenida, han participado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el Área Regional de Inspección en Madrid, Vigilancia Aduanera en Extremadura y la Unidad Central de Auditoría Informática, con el apoyo de las áreas regionales del SVA y las UAI de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y Madrid.

La relevancia del fraude cometido por las dos últimas organizaciones desmanteladas, en ambos casos del orden de los 300 millones de euros, pone de manifiesto la importancia de las modificaciones normativas y operativas desplegadas en los últimos años, incluyendo la más recientemente incorporada y que de forma inmediata obligará a los operadores a abonar o garantizar el IVA devengado como consecuencia de la salida del hidrocarburo del depósito fiscal con carácter previo a esa salida.