El Gobierno dice que en la N-502 en Córdoba no hay ningún tramo de concentración de accidentes

Córdoba/El Gobierno de la Nación ha asegurado al portavoz de IU en el Congreso y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que "ninguno de los tramos de la N-502 en Córdoba, considerados como tramos negros en el informe del Real Automóvil Club de España (RACE), está identificado como tramo de concentración de accidentes (TCA)" por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que aplica para ello baremos más precisos que el RACE y que Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Así lo recoge la respuesta escrita que ha dado el Gobierno de España a Santiago, quien había señalado el pasado abril en su pregunta escrita que en "el último informe publicado por la organización Automovilistas Europeos Asociados", en el que se detallan "las carreteras más peligrosas de España, Córdoba dispone de uno de los peores tramos del país", y "se localiza en la carretera N-502, la vía de entrada a Los Pedroches por el Puerto del Calatraveño".

Por ello, Santiago preguntó al Ejecutivo central "¿qué valoración hace el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del estado del mencionado tramo de la carretera N-502, en Córdoba, y su índice de peligrosidad?". También "¿qué medidas se están tomando y se tomarán para reducir la tasa de accidentes y el riesgo en dicho tramo?, ¿qué obras se están llevando a cabo actualmente para mejorar la situación y el estado de las carreteras en la provincia de Córdoba?" y "¿cuánto se está invirtiendo actualmente en las mencionadas obras para la red de carreteras de la provincia de Córdoba?".

Respuesta del Gobierno

Ante ello, el Gobierno de España ha respondido que los tramos de la citada carretera a los que se alude en el informe de AEA y por el RACE no están considerados como TCA y que, de hecho, "no ha habido ningún accidente con víctimas en el año 2023 y sólo dos accidentes mortales en el tramo del pk 375-376 en el periodo 2018-2022, mientras que ninguno en el pk 359-360. Además, con los datos provisionales disponibles, en el año 2024 tampoco ha habido ningún accidente mortal en ninguno de dichos tramos ni en lo que llevamos de año 2025".

A ello se suma que, "en los accidentes sucedidos en estos dos tramos en el periodo de análisis empleado por el RACE, fueron por causas imputables a los usuarios, destacando la velocidad inadecuada, la distracción y en menor medida el alcohol/drogas y el cansancio/sueño, según reflejan los partes estadísticos de accidentes elaborados por la Agrupación de Tráfico".

En la respuesta del Gobierno también se aclara que el Ministerio "utiliza el concepto de tramo de concentración de accidentes (TCA) para referirse a los puntos peligrosos de su red. Este concepto está asociado a la existencia de ciertos tramos de la red donde los datos de accidentes procedentes del Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico y la información sobre las características, la tipología y las intensidades de tráfico de las carreteras indican que el riesgo de que se produzcan accidentes es mayor (estadísticamente significativo) que en otras secciones de similares características".

En la identificación de los TCA, "además de los datos de la accidentalidad con víctimas (no sólo los mortales y graves), se tiene en cuenta el tipo de carretera, el tipo de zona, así como el tráfico soportado por la vía". Además, "se considera la accidentalidad de todos los vehículos, y la identificación de los TCA se realiza periódicamente, tal como prescribe la Directiva Europea".

También debe tenerse en cuenta, según ha argumentado el Gobierno en su respuesta, que "la metodología empleada por la Dirección General de Carreteras (DGC) para la identificación de los TCA sigue las pautas de uno de los métodos contemplados en el Manual de Seguridad Vial de la Asociación Mundial de la Carretera y es similar, e incluso en algunos casos más sofisticado, que el que se utiliza en países de nuestro entorno para la identificación de tramos de alta concentración de accidentes".

Otros estudios

Por otro lado, en relación con el mencionado estudio recientemente publicado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), considerando la accidentalidad 2018-2022, el Gobierno ha precisado que en el cálculo empleado "no se discrimina en función del número de calzadas, entorno y configuración de la carretera, nudos/enlaces ni por su Intensidad Media Diaria (IMD). Por tanto, esta metodología compara carreteras de características muy distintas, lo que no es del todo riguroso".

Además, "la metodología empleada por AEA es diferente de la empleada por la DGC y menos precisa, ya que considera las carreteras más peligrosas teniendo en cuenta su índice en relación con el índice medio del conjunto de las carreteras nacionales, sin diferenciar por categoría de vía, ni tráfico ni zona ni si se trata de un nudo. Aspectos éstos que si considera la DGC en la identificación de los tramos más peligrosos (TCA)".

Por su parte, "en los tramos negros de riesgo alto identificados en el informe del RACE, en general, se tratan de tramos con una intensidad de tráfico baja, lo que conlleva que el cálculo de los índices se desvirtúe, obteniéndose valores muy elevados cuando realmente el peso de la accidentalidad no sea significativamente superior, debido a esa baja exposición al riesgo que presentan".

Inversión en carreteras

En cuanto a la inversión en conservación en las carreteras estatales, como la mencionada N-502, el Gobierno de España ha subrayado que "ha ido incrementandose en los últimos años, de forma que en el periodo 2018-2024 la inversión realizada ascendió a unos 53,3 millones de euros en la red estatal de carreteras en la provincia de Córdoba, y para el año en curso 2025 asciende a 10,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 82% respecto a lo destinado en 2018".

Además, "están redactándose proyectos constructivos para la rehabilitación de firme a lo largo de toda la carretera" N-502 "entre el límite provincial con Ciudad Real y Espiel (en varios tramos entre los pp.kk. 328+700 al 391+442) y de reordanación de accesos entre los pp.kk. 365+500 y 391+000, por un importe total de unos 17,9 millones de euros".

Dichos proyectos, según ha precisado el Ejecutivo central, "deben seguir la tramitación reglamentaria, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, para poderse aprobar y, posteriormente, licitar las obras correspondientes, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias".