Apoco más de una decena de kilómetros de Cabra, localidad natal de la flamante vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, saltaba esta semana una noticia alarmante: una empresa aceitera de Lucena, supuestamente, negaba a tres empleadas la actualización salarial que sí habría aplicado a los hombres en plantilla argumentando que en el convenio se hablaba de "trabajadores". Lo denunciaba CCOO el pasado fin de semana y, aunque en un principio los hechos pasaban desapercibidos, poco a poco empezaron a ganar espacio en los medios nacionales, hasta el punto de convertirse en asunto de máximo interés.

Llegaron a intervenir los secretarios nacionales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, quienes calificaron de "golfo" y "sinvergüenza" al empresario; la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, tildó de "absolutamente vergonzoso" que la compañía haya empleado una "justificación tan burda" para "lesionar" los derechos de las trabajadoras; diversas asociaciones feministas de toda España -Themis, la Federación de Mujeres Progresistas o la Fundación Mujeres- consideraron que los hechos podrían calificarse jurídicamente como delito de odio; y la Real Academia Española de la Lengua (RAE) aclaraba a través de Twitter que, en castellano, el masculino plural engloba a los dos géneros.

Trabajadoras de una gasolinera de La Carlota fueron despedidas por oponerse a llevar falda

Horas más tarde, sin embargo, el secretario general de UGT-Córdoba, Vicente Palomares, advertía de que la empresa tampoco habría actualizado los salarios a sus trabajadores varones, por lo que negó, para estupefacción de la opinión pública, que existiera una discriminación por razón de género en este caso.

Este episodio debería servir para abrir varias reflexiones. En primer lugar, la falta de responsabilidad a la hora de denunciar públicamente unos hechos que no se ajustan a la realidad, pues puede ocurrir aquello de "que viene el lobo" del cuento infantil. Y, por otra parte, la necesidad de incidir en las políticas de igualdad en instituciones públicas y empresas, sobre todo en el mundo rural.

Basta echar un vistazo a la actualidad de la provincia para ser conscientes de que, sí, las oportunidades no son todavía las mismas. Empezando por los principales partidos políticos, que tienen únicamente a hombres en los puestos de más alta responsabilidad. La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) está encabezada por otro hombre, así como la Cámara de Comercio o el sindicato UGT; la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, parece ser una excepción a estos niveles de representatividad. En Córdoba tenemos además un fiscal jefe, un presidente de la Audiencia Provincial, un juez decano, un rector, un jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, un comisario... La situación es similar en el ámbito rural, con denominaciones de origen o cooperativas dirigidas totalmente por hombres, como si la mujer no tuviera nada que decir o no estuviera capacitada para asumir estas responsabilidades.

Llama la atención la naturalidad con la que la opinión pública acogió la fake new de Lucena, casi sin extrañeza, como si algo así estuviera a la orden del día pese al impulso que ha logrado el movimiento feminista en los últimos meses, con su máxima expresión en la huelga del 8 de marzo. Y es que en cuestión laboral, como en muchos otros ámbitos, todavía queda mucho hacer. Como ejemplo, el despido de seis trabajadoras de una gasolinera de La Carlota por negarse a ponerse uniforme con falda, cuando el atuendo reglamentario consta de un polo, un pantalón y botas. Ocurría en mayo de 2017, hace poco más de un año. Las mujeres fueron readmitidas tras asumir el empresario su error.

A la flamante ministra de Igualdad, la egabrense Carmen Calvo, le queda mucho trabajo por delante. El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha rodeado en su Ejecutivo de más mujeres que hombres y, además, en carteras de máxima responsabilidad que hasta hace poco parecían apropiadas sólo para los hombres. Y en el juramento ante el Rey Felipe VI, idearon la fórmula de "consejo de ministras y ministros" para atender a la nueva realidad. Ahora queda esperar que las políticas vayan más allá de lo simbólico.