Al menos seis empresas de Córdoba capital y la provincia figuran como receptoras de préstamos de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) parcialmente no devueltos en la nueva macrocausa abierta por la jueza de Instrucción número 20 de Sevilla, Adelaida Maroto. En el procedimiento hay un total de 20 personas investigadas, entre ellas cuatro exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía y 16 ex directivos de la agencia por delitos de prevaricación y malversación de caudales público por omisión, por no haber actuado presuntamente para reclamar más de 17 millones de préstamos concedidos a diversas empresas y fundaciones desde principios de la década de los 90.

Las seis empresas cordobesas que figuran en el auto judicial, al que ha tenido acceso El Día, habrían recibido préstamos por total de 757.000 euros, mientras que las cuotas nunca devueltas se elevan a 407.000 euros.  

Entre los imputados se encuentran los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler, y los exconsejeros de Economía Antonio Ávila y José Sánchez Maldonado, así como otros cuatro exdirectores generales de la agencia IDEA (Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete, Antonio Valverde y Antonio González) y otros tantos exdirectores de Administración y Finanzas de la agencia, entre otros directivos de este organismo encargado de impulsar el apoyo a las empresas a través de mecanismos como la concesión de avales y préstamos.

La investigación se inició por la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2022, a instancias de los hechos denunciados por la propia agencia IDEA, pero no ha sido hasta ahora cuando la juez ha instado a los 20 investigados a personarse en la causa, instruyéndoles de sus derechos. 

Antes de este auto, la juez había dictado una providencia -el pasado 21 de septiembre- en la exponía sus "serias dudas" sobre si los delitos investigadas en esta causa estaban prescritos, al tratarse en algunos casos de préstamos no reclamados con deudas prescritas que habían sido concedidos en la década de los 90 y teniendo en cuenta que el plazo de prescripción del delito continuado de malversación es de 15 años. Según recoge la instructora en esta providencia, de la investigación policial "se deduce que no existía intención de reclamarlos, quedando por tanto el delito consumado con la entrega del dinero prestado y desde ese momento se computa el plazo de la prescripción".

La juez apuntaba incluso que no cabía descartar la existencia de una "negligencia no punible" en la falta de reclamación de los créditos que se investigan teniendo en cuenta que "el porcentaje de ayudas prescritas ronda un uno por ciento, lo que cuestiona la continuidad delictiva, teniendo en cuenta además la pluralidad de personas intervinientes en las decisiones de reclamación de crédito y que muchas otras fueron cesando dando paso a nuevos nombramientos". Y añadía en relación con la deuda no prescrita -de la que aún se puede recuperar el capital prestado- "existen dudas sobre la existencia de delito alguno".

"Un sistema para no reclamar"

Los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra respondieron a esta providencia de la instructora en un escrito en el que analizaban la supuesta inactividad de la Junta de Andalucía para reclamar el reintegro de estos préstamos y que ha llevado a la juez a dictar el auto implicando a estas 20 personas.

En este escrito, los fiscales insisten en que la mayoría de los hechos no están prescritos y señalaba que en relación a uno de los bloques de los préstamos investigados se habría producido "un perjuicio patrimonial por un importe global de 13.385.544,57 euros". En el caso de la provincia de Córdoba, el perjuicio ascendería a 407.000 euros, que es lo que las empresas dejaron de devolver.

La juez detalla en su auto del pasado 16 de octubre un total de 36 préstamos por importe de más de 17 millones en el conjunto de Andalucía, de los cuales previamente ya había declarado prescritos diez de ellos -por una cuantía superior a los 12 millones-. Entre las operaciones de préstamo que según la magistrada no estarían prescritas figuran al menos seis concedidas a empresas con sede en la provincia de Córdoba.

Así, la jueza señala el préstamo de 198.333 euros concedido por la agencia IDEA en diciembre de 1999 a una empresa con sede en Doña Mencía, que según el auto judicial tendría que estar completamente liquidado en diciembre de 2008. La cantidad debida asciende a 39.930 euros más intereses, aunque "ninguna actuación de reclamación consta en el expediente hasta el envío de un burofax en diciembre de 2020". En ese momento, se reclama a la compañía el pago de 201.200 euros, sumados los intereses, aunque posteriormente, en septiembre de 2021, se reduce la deuda a 104.874 euros.

En el listado también figura la concesión de un préstamo de 196.509 euros a una empresa de Lucena en septiembre de 2003, a la que se le reclama una cantidad de 43.001 euros más intereses; en octubre de 2017, la gerencia provincial de Córdoba propuso el paso a la vía judicial de este préstamo. El mayor préstamo que consta en el expediente es el que recibió otra empresa lucentina, en septiembre de 2004, por un importe de 212.341 euros, cantidad que según el auto judicial debía de estar devuelta en octubre de 2014. En el burofax que se remitió en diciembre de 2020, se le reclamó el abono de 151.475 euros.

Las otras empresas con sede en la provincia que constan en el auto judicial como destinatarias de subvenciones parcialmente no devueltas son de Priego de Córdoba, con un préstamos de 48.870 euros en 2004 y que supuestamente debe 24.377 euros; otra de Fuente Obejuna, que percibió 72.000 euros y debe ingresar, según el auto, 67.500 euros, y la última en Córdoba capital, a la que se le reclaman 16.620 euros por los 54.000 euros que ingresó de IDEA.