La fundación Transición Verde, que además forma parte del Movimiento Ibérico Antinuclear, ha pedido de nuevo el cierre de El Cabril por su "cuestionable seguridad". Así lo ha expresado su presidente, José Larios, que ha apuntado que esta petición "la hacemos desde el principio", cuando en 1986 se anunció su construcción "sobre una situación que ya era ilegal", y ahora lo reiteran tras conocer los problemas referidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con respecto a las filtraciones de agua en la celda 29

Así, ha hecho hincapié en que la empresa gestora del almacenamiento, Enresa, "siempre ha hablado mucho de seguridad, pero la realidad es que nunca ha hecho nada" respecto a los problemas que ahora presentan las instalaciones y que, según Larios, "conocían desde 2017 sin ponerle remedio".

Ante la "presencia de agua por encima de los valores permitidos por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF)”, el CSN ha solicitado a Enresa "mantener fuera de uso esta celda hasta comprobar la efectividad de las medidas adoptadas para garantizar las funciones y comportamiento previstos en las bases de diseño de la instalación”.

Para Larios, aunque la empresa consiga llevar a cabo el proyecto de actuación y declare los problemas como resueltos, la realidad es que la instalación "nunca debió estar ahí", ante lo que ha aludido especialmente a su ubicación: "una zona de alto valor natural en una región con cierta actividad sísmica". Además, ha insistido en que "los problemas hidrogeológicos que ponen en evidencia estas filtraciones se añaden a todas las razones para no aumentar su capacidad de almacenamiento e ir procediendo a su clausura definitiva".

El dirigente de la fundación ha aludido además a los usos que se dan a El Cabril, destinado a residuos nucleares de media, baja y muy baja actividad. Entre ellos se encuentran los restos generados por los hospitales, por lo que son independientes de las actividades de las centrales nucleares, aunque Larios ha indicado que éstos "suponen un 10% de lo que se almacena" y que su actividad radioactiva "no llega al 1%".

Para los ecologistas, la denominación de baja intensidad "solo ha servido para bajar los niveles de seguridad", algo que ha derivado en la aceptación de "pequeñas cantidades de dióxido de uranio, que son isótopos de larga vida". Larios ha insistido en que "si el problema es qué hacer con los residuos nucleares, que paren de crearlos", aunque ha reconocido que "sería aceptable un lugar de almacenamiento para material médico".