Hace más de 30 días, un larguísimo mes, que no cae una gota de agua en Córdoba, donde los embalses están por debajo del 20% de su capacidad -es un tercio de la media de los últimos diez años- y la sequía alerta ya sobre un verano que puede hacerse eterno. La situación, que aún no es de urgencia extrema para el consumo humano -a excepción de en la zona Norte, donde encima ahora se han encontrado el problema de que el agua no es apta para su ingestión-, ya es delicadísima para el campo, con múltiples cosechas perdidas y otras abocadas a una campaña catastrófica, porque hay que recordar que el pasado 2022 ya fue muy malo.

"Hay una anormalidad climática que tiene a la agricultura -y a la ganadería, pues casi siempre van de la mano- de rodillas", alerta Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, que añade que "la situación es dramática y muy peligrosa, con consecuencias que ahora mismo son difíciles de predecir si en la primavera no llueve, porque ya habría que esperar al otoño a ver qué pasa". Pero el escenario ahora es poco -o nada- alentador, con posibilidades de precipitaciones a finales de mes... que hoy es imposible saber si se mantendrán, sobre todo teniendo en cuenta que la última previsión optimista, para Semana Santa, se esfumó en blanco.

Ante esta situación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha decidido adelantar la campaña de regadío y ha aprobado un desembalse de 385 hectómetros cúbicos para 345.000 hectáreas (un 38% menos de los 600 de 2022). La Comisión de Desembalse, celebrada este lunes cuando estaba prevista para mayo, ha añadido que la dotación máxima será de 700 metros cúbicos por hectárea, en el caso de los cultivos que necesitan más agua, que se reducirá hasta los apenas 400 metros cúbicos en los que requieran menos riego. En cualquier caso, en el mejor de los escenarios, la reducción ya es del 60% respecto al pasado año, y alcanza el 88% sobre la dotación concesional, la que habría en un año hidrológicamente normal.

"La situación de los embalses es muy mala y, con la consideración que ha hecho la Confederación, esta dotación es lógica, aunque no puedo evaluar si es mucha o poca", ha añadido Fernández de Mesa, que en todo caso refrenda que "no es suficiente", porque estas cantidades apenas sirven "para salvar la vida de un cultivo permanente", como el olivar, los almendros o los cítricos. Aún así, la crítica del dirigente de Asaja en la provincia va dirigida a que "hay que ajustar bastante más" estas decisiones, pues "no puede haber una restricción tan grande por cuestiones ecológicas".

También desde COAG Córdoba han querido evaluar la decisión tomada en la Comisión de Desembalse de la CHG. "Estamos igual que hace un mes", ha señalado la secretaria general en la provincia de la organización, Carmen Quintero, que siendo consciente de la preocupante sequía que impide aumentar las dotaciones, recuerda que "los que sembramos hortícolas de invierno vamos a tener que arar la tierra porque la cosecha está perdida, y los que siembran en verano, no van a poder hacerlo".

Desde COAG insisten en que la postura tomada por la Confederación confirma "los peores augurios" para el campo andaluz y añaden que "no hay agua para todos y el verano va a ser un suplicio si no llueve antes". De esta forma, y "ante la gravedad de la situación", piden al Gobierno y la Junta de Andalucía que "articulen medidas, con fondos propios, que den liquidez inmediata a los agricultores y ganaderos que han perdido sus cosechas, que no van a poder sembrar y, por tanto, no van a tener ingresos para sustentar a sus familias ni para hacer frente a las amortizaciones por las inversiones contraídas anteriormente".

"Esta crisis afecta no sólo al sector agrario, sino a la economía de toda la región, porque los cultivos afectados por la sequía tienen un gran calado social en las zonas rurales y mantienen los pueblos vivos", insisten desde COAG, recordando que "están contra las cuerdas" todos los cultivos, desde los cereales, a los leñosos y los hortícolas. Es por eso que, además de las ayudas directas al campo, consideran que es vital otro tipo de decisiones que "faciliten la supervivencia de las explotaciones", tales como la exención de la cuota de autónomos, deducciones fiscales, ayudas directas de mínimis o la reducción del IVA.