El alcalde asegura que es "vox populi" la explotación a extranjeros en la naranja
Palma del río
Una cuadrilla integrada por 23 jornaleros palmeños denuncia la contratación de unos 80 trabajadores procedentes de otros países por un precio "muy inferior" al que establece el convenio del campo
La contratación irregular de trabajadores extranjeros en la campaña de la naranja de Palma del Río es bastante más habitual de lo que pudiera parecer a priori a tenor de las últimas declaraciones vertidas por el alcalde de la localidad, José Antonio Ruiz Almenara. El regidor destacó ayer que esta práctica ilegal es "vox populi", una expresión que deja bien claro que hasta él mismo es consciente de que hay empresarios dedicados a este sector que se valen de este tipo de mano de obra para sacar el mayor rendimiento posible a esta actividad. Ruiz Almenara hizo estas declaraciones tras saber que un grupo de 23 jornaleros habían denunciando la pérdida de su empleo porque, según la versión que ofrecieron ellos mismos, una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) había contratado a 80 trabajadores extranjeros por un precio muy inferior al que establece el convenio del campo.
Ruiz Almenara tomó ayer mismo cartas en el asunto y decidió reunirse con los afectados que habían denunciado los hechos apenas unas horas después de conocer este nuevo episodio para trasladarles su "apoyo incondicional a todos estos trabajadores que han sufrido esta medida". Según puntualizó el manijero de la citada cuadrilla de jornaleros contratados en una finca situada en el entorno de la carretera del Mohíno, Manuel Romero, cuando llegaron a primera hora de ayer a recoger la naranja, el responsable de la ETT Ayser Activity les anunció que ya no trabajarían más porque "habían contratado a un grupo de 80 extranjeros por 15 ó 20 euros al día en vez de por los 43,65 euros" que cobraban ellos y que establece la normativa que rige la contratación del personal en el sector.
Una vez que conocieron la decisión de la empresa, los componentes de la cuadrilla optaron por llamar a la Guardia Civil porque, según Romero, se trataba "de un despido improcedente" y porque se estaba "incumpliendo" lo establecido en el convenio provincial del campo. Como prosiguió el encargado de este grupo de jornaleros, en el momento en el que llegaron los agentes del Instituto Armado los 80 jornaleros "se montaron en sus furgonetas y se marcharon" y el responsable de Ayser Activity les dijo que ya cobrarían los tres días que llevaban trabajados "cuando llueva" y que los gastos del camión de carga corrían de su cuenta.
Aunque El Día no pudo contactar con la empresa de trabajo temporal, el alcalde de Palma del Río fue tajante a la hora de recalcar que "es vox populi que se explota a los trabajadores extranjeros", reconociendo así que se les contrata por un sueldo muy inferior al que marca el convenio, con el consiguiente perjuicio para los jornaleros de Palma del Río.
"Estas situaciones causan un problema enorme a la economía palmeña", consideró Ruiz Almenara, quien se preguntó que "a quién se le ocurre traer personas de fuera con la tasa de desempleo que hay en Palma del Río", situada en torno al 10,5%. En este punto coincidió Romero cuando explicó que a los trabajadores extranjeros "se les hace firmar una nómina" acorde con lo establecido por ley y "con un compromiso de trabajo de cinco meses". Añadió a este respecto que los puntos de este acuerdo "ni se cumplen ni los trabajadores se atreven a denunciarlo, con lo que, finalmente, no se puede demostrar la ilegalidad cometida" en situaciones como la que ayer se registró en este municipio de la Vega.
El alcalde de Palma del Río citó ayer por la tarde a los trabajadores tanto para conocer de primera mano las causas del conflicto laboral como para hacerles entrega del documento de buenas prácticas agrícolas para la campaña de cítricos que firmaron en noviembre de 2009 los agentes sociales, institucionales y económicos de Palma del Río. En virtud de este documento, los empresarios deben gestionar las ofertas de empleo, tantos las nominativas como las genéricas, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Con ello, se pretende acabar con las contrataciones ilegales y también fijar la población al territorio, como medida de sostenibilidad económica y social de la zona y posibilitar a los demandantes estables inscritos en el SAE de su municipio poder acceder a las ofertas.
Ruiz Almenara se comprometió a acompañar hoy a los 23 jornaleros a la finca situada en la carretera del Mohíno, ya que el dueño de los naranjos, al parecer afincado en Valencia, les ha pedido que recojan la fruta y el alcalde quiere estar presente por si surgiera algún problema.
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