Es el municipio de Andalucía mayor de 10.000 habitantes con los peores datos estadísticos -más de 380 positivos por 100.000 personas- en la segunda ola de la pandemia. Lucena, recurriendo a los datos reales que “intuye” el Ayuntamiento, supera los 200 contagios en los últimos 14 días. Otras fuentes de toda credibilidad apuntan a los 400. Las hospitalizaciones rondan la treintena y algunos pacientes, con complicaciones severas, tratan de imponerse a la enfermedad en la UCI. Y los fallecidos, oficiales, son seis -tres en cada período de la pandemia-, a los que han de agregarse, al menos, otros dos.

Es la exposición descriptiva y sintetizada de la dañina penetración y expansión del covid-19 en la localidad, notoriamente más agravada que en marzo y abril. Una propagación desbocada, trazando una “fuerte pendiente positiva”, como expresa el último decreto de alcaldía, y que apresura a la corporación municipal, “sin fisuras y con todo el apoyo”, verbaliza el alcalde, Juan Pérez (PSOE), a demandar a la Junta de Andalucía la restricción de la movilidad “porque la situación, tan delicada, lo requiere”. Esta propuesta, germinada en el Consistorio, se ceñiría a una franja nocturna.

La administración autonómica ya “baraja y trabaja” seriamente este confinamiento parcial, una drástica decisión, por el momento, desconocida en el mapa andaluz desde la conclusión del estado de alarma. “No podemos seguir así, la pandemia sigue avanzando y generando conflictos”, abunda el primer edil, renuente a solicitar a los vecinos de Lucena un “autoconfinamiento”, ya que menguaría “la interacción con la comarca” y el flujo económico, empresarial y laboral en la localidad.

Anticipándose a eventuales resoluciones del nuevo comité de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, dependiente de la Consejería de Salud, los grupos políticos locales han acordado una relación de 25 directrices que, lógicamente en el ámbito de las competencias municipales, procuran disminuir el contacto interpersonal y el tránsito social.

Al defender públicamente las nuevas decisiones, que perfilan un escenario híbrido entre las fases 1 y 2 de la desescalada, Pérez ha recalcado su oposición a arbitrar medidas que “lesionen” la actividad económica. Una premisa que, por ejemplo, sustenta el mantenimiento de los mercadillos –público y privado- o el rechazo a intervenir en la ocupación de las terrazas de los establecimientos hosteleros.

Operarios municipales con trajes de buzo

Como mínimo hasta el próximo 30 de septiembre, recobran vigencia, por ejemplo, el cierre del Paseo de Rojas entre las 23:00 y las 07:00; la disminución a un tercio del aforo en espacios públicos; los circuitos de los tractores para higienizar las calles, y la presencia visible, con trajes de buzo, de los operarios municipales desinfectando la vía pública y el mobiliario urbano.

Además, la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “intensificarán” los dispositivos de control de alcoholemia y estupefacientes. Una instrucción directamente vinculada, y que procura atajar, las fiestas privadas en entornos de segunda residencia y diseminados rurales, una de las principales causas, señaladas por el Ayuntamiento, del progreso incontrolable del covid-19 en Lucena.

Juan Pérez rehúsa fomentar las latentes discrepancias con la Junta y ha recalcado que los responsables autonómicos “tendrán a su lado” a los dirigentes municipales en la imposición de normas “razonables, proporcionadas, excepcionales y necesarias”. Una conducta, la vía del entendimiento y del “trabajo conjunto”, inalterable porque “es cuestión de salud, no de política o ideología". El regidor socialista ha enfatizado que la comunicación tanto con María Jesús Botella, delegada territorial de Salud, como con Antonio Repullo, delegado del Ejecutivo andaluz en la provincia, “es fluida, constante y casi diaria y, en algunos días, hasta en varias ocasiones”.

El Ayuntamiento insiste en una "transmisión comunitaria"

Esta predisposición no impide que el Ayuntamiento persevere en aseverar la concurrencia de una “transmisión comunitaria” en Lucena, proceso negado hace una semana por la Junta de Andalucía. Botella y Repullo también contradijeron a los portavoces municipales al desmentir los quebrantamientos de las cuarentenas, otro motivo de la imparable evolución del coronavirus esgrimido desde el Consistorio.

Aparte de incidir, una vez más, en la responsabilidad social y colectiva, las fuerzas políticas representadas en el Pleno –cuya sesión de septiembre, así como las comisiones regresarán a la modalidad telemática-, piden “singular observancia” de las contracciones del aforo en los lugares de culto, eventos privados, comunidades vecinales, asambleas, consejos, exposiciones, congresos, celebraciones, velatorios y entierros. En el mismo sentido, se reclama rigurosidad en la afluencia de clientes a las grandes superficies, comercios y otros establecimientos.

Por último, Juan Pérez ha manifestado que, desde el Ayuntamiento, “lo único que queda” es suprimir las actividades de cualquier tipo, una determinación, indeseada, pero que, “si hay que hacerlo, se hará”.