La directora general del Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda, Isabel Mateos -acompañada por las delegadas provinciales de Economía y Hacienda, Purificación Muñoz, y la de Cultura, Mercedes Mudarra- firmó ayer en Córdoba y ante notario la compra del castillo de Belalcázar. La familia Delgado, hasta ese momento propietaria de la fortaleza construida en el siglo XV, recibió ayer mismo por las seis fincas que la conforman y en un sólo pago un montante total que asciende a 1.894.000 euros, según detalló la delegada provincial de Cultura.

Mateos aprovechó su paso por Córdoba para anunciar que la Junta de Andalucía acometerá la restauración del inmueble "en el marco del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía", mientras que Mudarra insistió en que "la compra del castillo completa la puesta de un rico patrimonio monumental, ya que [la fortaleza] junto al convento de Santa Clara, que ya hemos reformado, convierten a Belalcázar en uno de los destinos culturales más importantes de Córdoba". La delegada insistió en que "lo hemos comprado para devolvérselo a los vecinos en mejores condiciones".

Tal y como adelantó el Día en su edición del pasado 23 de octubre, la Administración autonómica hizo pública en una carta remitida [un día antes] al responsable de la Asociación Amigos de Belalcázar, Villa de Monumentos, José Cortés, que se había llegado a un acuerdo con la familia Delgado para la adquisición de la fortaleza. En esa misiva, el director de Bienes Culturales de la Administración de Manuel Chaves, Jesús Romero, le aseguraba al presidente de ese colectivo -que recogió miles de firmas para la restauración del monumento- que "se han concluido favorablemente las negociaciones con los actuales propietarios del inmueble" y que además se estaban "iniciando los trámites administrativos para la citada adquisición", que son los que permitirán "a esta Administración actuar en aras a la preservación del castillo".

El siguiente paso que dio la Junta fue la remisión de cartas a los propietarios de los terrenos aledaños al monumento comunicándoles que quedaba prohibido construir en dichas tierras, además de informándoles de que se anulaban las licencias concedidas para obras en la zona. La prohibición estaba motivada por una resolución de 24 de octubre de la Administración autonómica, por la que se declaraba Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento, tanto a la fortaleza como a las fuentes de El Pilar y de Los Chorritos, y La Noria, cercanas al también llamado castillo de los Sotomayor o Gahete.

Mediante la declaración BIC y el consiguiente freno a las nuevas construcciones, la Junta de Andalucía se aseguraba la protección de un radio de terreno muy importante del entorno de la fortaleza. Las cartas las recibieron más de medio centenar de propietarios de fincas.

Desde ayer, la Administración autonómica tiene ya en su poder la escritura pública de un monumento que muy pocos en Belalcázar pensaban que un día pudiera llegar a restaurarse.