El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Francisco Ángel Sánchez, ha remitido una carta a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía con el fin de trasladarle una serie de propuestas y medidas extraordinarias en relación al servicio de ayuda a domicilio prestado por entidades locales. 

Tal y como consta en dicha misiva, se solicita a los servicios de teleasistencia de la comunidad “la intensificación del seguimiento y el contacto telefónico de los usuarios que viven en soledad a fin de trasladarles información fidedigna, seguridad y tranquilidad”. De igual modo, “los Servicios Sociales Comunitarios atenderán las derivaciones telefónicas de los servicios de teleasistencia en situaciones de necesidad y urgencia”.

El listado de medidas extraordinarias solicitadas contempla, asimismo, la petición de facultar a las entidades locales para la reordenación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio en función a la priorización de las situaciones de necesidad detectadas. 

Según explica Sánchez, “se trata de que podamos priorizar los recursos disponibles en la atención a cuidados de grandes dependientes y dependientes severos con nulo o escaso apoyo familiar. Además, pedimos poder reorganizar los servicios de cuidados domésticos no prioritarios y su sustitución por servicios de entrega de comida a domicilio o entrega de alimentos”.

“Los servicios de dependientes de Grado I quedarán relegados o suspendidos al seguimiento y atención telefónica y, en caso de renuncias voluntarias al servicio, se facultaría a los servicios sociales comunitarios a la gestión de esa bolsa de horas para atender servicios urgentes”, señala.

Otra medida extraordinaria solicitada por el IPBS es “que las entidades locales puedan reorganizar o suspender el servicio de ayuda a domicilio comunitario (prestación básica) en función de las necesidades detectadas, aplicando el servicio de urgencia a las situaciones de necesidad y sustituyendo los cuidados no prioritarios por la entrega de comida o alimentos”. 

En concreto, pone especial énfasis en garantizar la alimentación a las personas mayores dependientes que están confinadas en sus domicilios. Así, recoge que “en caso de necesidad se autorizará a las entidades prestadoras del servicio para el suministro y transporte de comida a domicilio desde establecimientos autorizados”. 

De igual modo, se solicita a la Consejería que faculte a los servicios sociales comunitarios “para que sus servicios de ayuda a domicilio puedan ser auxiliados en tareas de soporte por personal no acreditado, en los términos previstos en la Resolución de 10 de julio de 2018”.

El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación recuerda en este documento que “a la vista del impacto que puede tener la pandemia entre la población de alto riesgo, como son los mayores, se precisa de una coordinación permanente con el sistema sanitario a fin de priorizar las intervenciones y la prevención de los auxiliares de ayuda a domicilio”.

De esta forma, insta a la Comunidad a considerar el servicio de ayuda a domicilio como “servicio esencial”, priorizando en las entidades prestadoras la dotación de elementos de protección necesarios para la continuidad del servicio.

Asimismo, “dada la presión que habrán de soportar las entidades prestadoras y los altos costes por bajas y retenes especiales, instamos a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a considerar como servicio efectivamente realizado y abonable a las entidades prestadoras las alteraciones de servicios motivadas por la situación excepcional”.

En este sentido, se pide “continuar con el pago de la totalidad de las horas de los usuarios a los que se aplica esta limitación temporal de los servicios, manteniendo la totalidad de la plantilla y en idénticas condiciones retributivas y laborales anteriores. Así, los trabajadores afectados por la modificación de la intensidad del servicio se mantendrán en servicio activo y no se considerará este período como permiso o vacaciones sino tiempo efectivo de trabajo”.

Finalmente, el presidente del IPBS reconoce que “ante las dificultades que planteará el mantenimiento del servicio en estas circunstancias extraordinarias, instamos a la Consejería al anticipo económico de las mensualidades, al menos, de marzo y abril, con el sistema de justificación a priori a fin de poder hacer frente a los costes del servicio en las presentes circunstancias”.

El diputado provincial aprovecha esta carta para insistir en que la “preocupación entre las entidades gestoras es realmente grande, más bien alarmante, tanto por la incertidumbre de la evolución que puede alcanzar la pandemia y su impacto en la población dependiente y frágil que atendemos, como por la ausencia de medidas o instrucciones que ofrezcan un mínimo de certeza y tranquilidad”. 

En este sentido, apunta que “el IPBS ha tenido conocimiento de todos los acuerdos adoptados con relación al COVID-19, tanto por el Consejo de Gobierno como por la Dirección General de Personas Mayores, pero son necesarias estas medidas que proponemos en relación al servicio de ayuda a domicilio, por eso os instamos a que las autoricéis”.