El incumplimiento de la regla de gasto por parte de la Diputación de Córdoba al cierre del ejercicio presupuestario de 2018 llevará a la institución provincial a aprobar en el Pleno de mayo, que se celebrará el próximo miércoles, un plan económico-financiero que estará en vigor hasta 2020.

Según consta en el informe de la Delegación de Hacienda y Recursos Humanos, el incumplimiento viene motivado por un mayor nivel de ejecución en los programas presupuestarios financiados con recursos de la Diputación con respecto a ejercicios anteriores, “sin que este gasto exceda de la capacidad financiera de la entidad y sus entes dependientes y ponga en riesgo la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas provinciales”.

En el caso de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), el incumplimiento de la regla del gasto ha tenido lugar por dos hechos “excepcionales”. En primer lugar, la no deducibilidad del 100% del IVA soportado en sus compras, lo que le ha supuesto un mayor gasto de 1,8 millones en 2018; en segundo lugar, por la adaptación salarial de los trabajadores de las distintas contratas al convenio de Epremasa.

El gasto total de la Diputación el año pasado ascendió a 134,5 millones de euros, lo que supone una desviación respecto a la variación anual máxima determinada por el Gobierno central respecto al año precedente, que se establece en el 2,4%. Como una de las causas probables, la Diputación argumenta que algunos planes provinciales de inversión y servicios exceden del año natural, ámbito temporal al que está sometida la gestión del sector público local, y que da lugar a “importantes oscilaciones” en la evolución temporal del gasto público.