La crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 amenaza también con convertirse en una crisis económica y social. El presidente de la Diputación de Córdoba y máximo responsable del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, Antonio Ruiz, se ha dirigido a través de una carta a los responsables municipales de la provincia con el fin de trasladarles su apoyo y aliento, “en este difícil momento que vive nuestro planeta, y que también afecta a España y nuestra provincia, y de instarles a un encuentro cuando la situación de emergencia haya finalizado".

En este escrito, el presidente, también alcalde de Rute, uno de los municipios más afectados por el coronavirus, les anima a reflexionar sobre qué hacer cuando la crisis finalice y les invita a participar en una sesión del consejo cuando acabe la emergencia sanitaria “para decidir entre todos" el destino de los recursos económicos de los que disponga la institución provincial. “Podremos dedicarlos a las prioridades que decidamos, completando y reforzando las medidas extraordinarias que, sin duda, tomarán tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía”, razona Ruiz.

En relación a la coyuntura actual, el presidente de la Diputación explica en su carta que “el objetivo en este momento para todos y todas es frenar la pandemia, minimizar sus consecuencias y reducir al mínimo posible el sufrimiento de la ciudadanía, a quien nos debemos”. De igual modo, continúa el máximo representante de la institución provincial, “tenemos la obligación de reflexionar en este tiempo para estar en el mejor punto de partida el día después de esta crisis sanitaria con el fin de atajar sus consecuencias, ligadas al empleo y la economía, las cuestiones que más afectan a la ciudadanía”.

Antonio Ruiz aprovecha su escrito para felicitar a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia por cómo están cumpliendo con su responsabilidad ante esta emergencia sanitaria provocada por el covid-19 y para transmitirles “fuerza y coraje” para las semanas venideras. “Conozco de sobra el buen hacer de cada uno y cada una de vosotros y vosotras”, señala el presidente provincial.

Hasta este lunes, son ya un total de 37 los ayuntamientos que han confirmado contagios. Esto es, el coronavirus está ya presente en prácticamente la mitad de las localidades cordobeses, que son 77, lo que da cuenta del avance soterrado durante días y de la necesidad de quedarse en casa como único cordón sanitario, como reiteran cada día las autoridades médicas. La pandemia, como advierte el presidente de la Diputación en su escrito, trasciende los problemas sanitarios, y el fin del confinamiento se prevé durísimo desde el punto de vista económico y social. Pese a que el sector agroalimentario, clave en la economía de la provincia, se mantiene activo, otros como la construcción pararán esta misma semana a raíz del endurecimiento del estado de alarma dictado por el Gobierno central.

El apoyo de la Diputación, en este contexto, puede resultar clave para las arcas de los ayuntamientos y el auxilio de los vecinos, a través de los servicios que presta el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS). Para este año, la institución provincial cuenta con un presupuesto consolidado que asciende a 308 millones de euros, lo que implica un aumento del 8,89% respecto a 2019. En cuanto a las inversiones globales, la cifra alcanza los 66 millones de euros, lo que supone un incremento del 17,86% respecto a 2019 y su máximo histórico. Las cuentas fueron aprobadas en el Pleno ordinario del pasado diciembre y ya se encuentran en vigor.

La clave de este expediente, truncado ahora por la expansión de la covid-19, era la lucha contra la despoblación. La Diputación tiene previsto invertir para esta finalidad 24,19 millones de euros en diferentes programas. En primer lugar, el antiguo programa de concertación y empleo se ha reconvertido con la introducción de nuevos criterios técnicos de distribución de los fondos, que incluirán en la ecuación el grado de pérdida de población, la dispersión y el censo. Se distribuirán diez millones de euros y, como principal novedad, se elimina la obligatoriedad de destinar el 50% a planes de contratación, de manera que los ayuntamientos tendrán autonomía plena a la hora de decidir en qué gastar ese dinero.

Las otras partidas que integran el programa son el plan contra el despoblamiento en las aldeas, dotado con dos millones de euros y que quiere ser una respuesta a que estos son los núcleos que más vecinos están perdiendo; el plan de mejora de comunicaciones viarias, con 7,7 millones; el de recuperación de caminos, con 3,82 millones; el de mejora de infraestructuras agrarias en las comarcas, con 400.000 euros, y el programa contra el despoblamiento en las comarcas, con 270.000 euros.