El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer incluir en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía la fosa común del cementerio de Baena y la plaza de la Constitución. La decisión se adopta de acuerdo a la ley autonómica de 2017 que reconoce el carácter emblemático de los emplazamientos de la represión franquista en la Guerra Civil y la dictadura hasta la consecución del Estatuto de Autonomía. Con los declarados ayer, son ya 54 los espacios de este tipo reconocidos en la comunidad autónoma.

Los dos lugares declarados en Baena fueron los escenarios claves de los crímenes cometidos desde el 28 de julio de 1936 por las fuerzas sublevadas al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga. En el primero de ellos, la actual plaza de la Constitución, tuvieron lugar los asesinatos de más de un centenar de personas entre ese día y el 30 del mismo mes. Las ejecuciones posteriores, hasta un mínimo total documentado de 365 personas, se sucedieron incluso durante la postguerra en el cementerio de Nuestra Señora del Buen Suceso, donde se ubicaría un enterramiento colectivo ilegal.

La Junta ultima el reconocimiento del refugio antiaéreo de Villanueva de Córdoba

A la declaración de estos lugares seguirán próximamente las de otros diez en seis provincias andaluzas, cuya fase de valoración ya ha finalizado. Se trata del refugio antiaéreo de la plaza de España de Villanueva de Córdoba; la fortificación del Estrecho, que atraviesa varios municipios del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz; la colonia de Víznar, en Granada; el convento de Santa Úrsula de Jaén; el campo de concentración de Santiago e Higuera de Calatrava, y la cárcel vieja de Úbeda, en la provincia de Jaén; el palacio de la Aduana, en Málaga, y la Jefatura Superior de Policía y la sede de la Capitanía General de la Gavidia, así como el lugar donde el trabajador Francisco Rodríguez Ledesma fue herido de muerte en Sevilla, en 1978.

Conforme a la legislación autonómica sobre la materia, el procedimiento de declaración conlleva un informe exhaustivo sobre el enclave, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento, con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas. Si se trata de un emplazamiento público, la Administración pública titular está obligada a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio.

Los Lugares de Memoria Democrática se inscriben en un inventario específico de carácter público que contiene la documentación de cada emplazamiento y la adicional que se pueda generar y sea de utilidad para estudios e investigaciones.