Bajo el lema Por la supervivencia del campo, las entidades agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba van a cortar el próximo 27 de de febrero la autovía de Córdoba a Málaga, en la rotonda enlace de la A-318 con la A-45, en el término municipal de Lucena. 

Las citadas organizaciones profesionales agrarias han hecho un llamamiento para la movilización con el objetivo de defender el sector primario, fundamental para el desarrollo de las zonas rurales, y exigir a las administraciones “un apoyo firme a todos los niveles”, donde se articulen medidas fiscales, económicas, legislativas y políticas para proteger la producción de alimentos en la provincia. Una actividad, aseguran, “cuyo futuro, está en peligro por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtienen los productores”.

Estas son las cuatro razones por las que han convocado esta nueva protesta en el sector primario:

Infraestructuras hidráulicas y regadíos

Los convocantes aseguran que "a pesar de que actualmente estamos en situación de sequía, no puede olvidarse que para tener una agricultura cordobesa más competitiva hay que apostar decididamente por el regadío, por lo que rechazamos su criminalización y exigimos su modernización, así como la optimización de los recursos hídricos y el incremento de la capacidad de embalse y el incremento de los regadíos en Córdoba para corregir el agravio histórico de nuestra provincia".

A su juicio, también debe permitirse la construcción de balsas y microembalses y autorizar el llenado de las mismas con aguas de escorrentía invernales. Asimismo, debe garantizarse el agua para los ganaderos, permitiendo obras básicas de acumulación de aguas de escorrentía. Además, consideran que "deben ponerse en marcha tarifas eléctricas competitivas".

Reforma total de la PAC actual

A nivel de Europa, las entidades demandan que se salvaguarde la PAC como una de las grandes políticas estratégicas de la UE y que se refuerce su presupuesto, ya que sin los agricultores y ganaderos en el campo no hay comida en la mesa.

Así, sostienen que Bruselas "debe reorientar la PAC hacía la producción de alimentos y que ésta sea rentable para los productores y a precios razonables para los consumidores, con criterios de sostenibilidad científicos y no basados en prejuicios ideológicos como contempla la actual". "No puede olvidarse que la alimentación es la primera necesidad que tienen todos los consumidores europeos", subrayan.

En paralelo a estas medidas de carácter comunitario, exigen al Gobierno de España que presente urgentemente un plan de choque a nivel nacional que contemple la revisión del plan estratégico de la PAC nacional acorde a la realidad productiva de los distintos territorios, la simplificación administrativa para el agricultor y ganadero y reducción de la burocracia con la consecuente eliminación del cuaderno digital de explotación (como primera medida debe retrasarse hasta que se establezca obligatoriamente por la normativa UE).

"Es necesario una apuesta decidida por el relevo generacional, sin que ningún joven que quiera incorporarse a la actividad quede fuera de las ayudas por falta de presupuesto", subrayan. Por todo ello, exigen "una PAC justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía, que reconozca la realidad, la diversidad y el potencial productivo del campo andaluz".

Sostenibilidad económica, social y medioambiental

Las organizaciones agrarias recuerdan que la actual PAC se ha basado en un único pilar de la sostenibilidad, el medioambiental, olvidando los otros dos pilares de la misma: el social y el económico. "Sin explotaciones rentables, se perderán muchas explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales. Esto conllevará el abandono de numerosas zonas rurales, el deterioro de paisajes y ecosistemas únicos y la pérdida de empleo, lo que está provocando la despoblación de las zonas rurales, poniendo todo ello en peligro la propia sostenibilidad medioambiental", alertan.

Así las cosas, demandan la revisión del Pacto Verde Europeo, que "obliga a abandonar tierras en producción, a reducir drásticamente fitosanitarios, zoosanitarios y fertilizantes y ataca el consumo de carne. Nos manifestamos en defensa de un modelo en el que prevalezca la alimentación y la sostenibilidad económica de los agricultores", aseveran.

También reclaman que se revisen los acuerdos comerciales, que se exija el incremento de las medidas de control en frontera y que se introduzcan cláusulas espejo, para exigir a las producciones que vengan de terceros países los mismos requisitos a los que se obliga dentro de la UE. Otra de sus reivindicaciones es la igualdad de condiciones laborales y de uso de productos fitosanitarios con las producciones de terceros países y controles rigurosos en las fronteras.

Políticas de precios y seguros agrarios

La articulación de medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España y el apoyo firme al sector por parte de las administraciones, a todos los niveles se suma al listado de peticiones.

A ella, añaden la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria porque "nuestros precios se hunden y los costes de producción de los agricultores y ganaderos siguen sin cubrirse". A su juicio, "los costes deben ser fijados por las administraciones competentes, las cuales deben defender al sector de las importaciones cuando los precios en España estén por debajo de los costes. Y, ante todo, exigimos la dignificación de nuestra profesión. Debe cesar de manera inmediata la campaña de acoso y derribo, así como la agresión y el desprestigio permanente de nuestra actividad por parte de las autoridades y los miembros del Gobierno".

Las entidades también exigen cambios en la normativa fiscal y laboral para el campo, con una disminución de la presión fiscal que conlleve la modificación de los distintos regímenes fiscales para favorecer la actividad agraria y reclaman que se adapte la reforma laboral a la eventualidad y realidad existente en el campo, además de establecer compensaciones en la seguridad social para afrontar la nueva subida del SMI.

Además, solicitan una revisión del sistema de seguros agrarios para que sea una herramienta eficaz y justa para el productor ante adversidades, actualizando rendimientos y primas para ajustarlos a los nuevos estándares de producción y que sean atractivos para los agricultores y ganaderos.