Las entidades agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han convocado una protesta el próximo martes 27 de febrero con el corte de la autovía de Córdoba a Málaga, en la rotonda enlace de la A-318 con la A-45, en el término municipal de Lucena. La protesta tendrá lugar a las 11:00.

El anuncio de esta convocatoria llega después del éxito de asistentes a la tractorada de este pasado martes por agricultores independientes y convocada a través de las redes sociales. Apenas 24 horas después, las organizaciones convocantes han señalado que "hay que mantener la presión ante el Gobierno de España y la UE en las calles, continuando las movilizaciones que se iniciaron en Europa el 5 de septiembre de 2023 ante todos los ministros de agricultura de la UE reunidos en Córdoba, las celebradas en enero por varios países de Europa y las celebradas en España en los últimos días".

También han recordado que en 2020, se celebraron en unidad de acción algunas de las mayores protestas de la historia del sector en Córdoba, concretamente en Lucena, que sólo paró la pandemia. Se volvió a la calle en 2021, 2022 y 2023 con numerosos actos reivindicativos.

El lema de esta movilización será Por la supervivencia del campo “en un momento de situación ruinosa” para todos los sectores productivos de Córdoba debido a la falta de infraestructuras hidráulicas y de regadíos, los altos costes de los inputs necesarios para producir, la falta de mano de obra, mayores requisitos laborales, una reforma de la PAC que exige más con menos recursos, que castiga a la agricultura y ganadería más productiva y ante la falta de reciprocidad con las importaciones, además de una ley de la Cadena Alimentaria que no soluciona los problemas del sector.

De este modo, las citadas organizaciones profesionales agrarias han hecho un llamamiento para la movilización con el objetivo de defender el sector primario, fundamental para el desarrollo de las zonas rurales, y exigir a las administraciones “un apoyo firme a todos los niveles”, donde se articulen medidas fiscales, económicas, legislativas y políticas para proteger la producción de alimentos en la provincia. Una actividad, aseguran, “cuyo futuro, está en peligro por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtienen los productores”.

Además, han exigido dignificar el papel que desempeñan los agricultores y ganaderos que proporcionan alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, que garantiza la supervivencia de un mundo rural y que contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad mitigando el cambio climático al ser sumideros netos de CO₂.