El nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no contempla la desarticulación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para que sean las agencias regionales las que recauden y administren los tributos. En consecuencia, no satisface el pacto entre Izquierda Republicana de Cataluña y el Partido de los Socialistas de Cataluña para nombrar presidente de la Generalidad al socialista Salvador Illa. Por ese incumplimiento el dirigente separatista Oriol Junqueras ha anunciado que no se dan las condiciones para que IRC apoye los presupuestos generales del Estado y los portavoces de Juntos por Cataluña han declarado que presentarán una enmienda a la totalidad de la ley que Montero necesita que apruebe el Congreso para materializar su modelo. En resumen, tanto IRC como Juntos aspiran a la independencia fiscal de Cataluña, lo que es coherente con su idea de que es una nación diferente de España, una tesis que comparte el socialista Illa, que no en vano su predecesor Montilla presidió una manifestación con el lema “Somos una nación. Nosotros decidimos”. Es lógico que los políticos catalanes, sean de izquierdas o de derechas, que mantengan una concepción plurinacional del Estado español persigan recaudar y gestionar todos los impuestos. Y lo mismo ocurre con la ordinalidad, un criterio al que, según la ministra Montero, tiende su modelo de financiación. Según la versión débil, la ordinalidad significa que, después de la redistribución, la financiación por persona de cualquier región que aporte dinero no debería quedar por debajo de las que lo reciben. Ese tipo de ordinalidad limita la solidaridad entre regiones, pero no la bloquea, por lo que posiblemente sería constitucional. En cambio, la versión fuerte sostiene que el orden de recursos destinados a las regiones debe coincidir con el orden de las transferencias a la caja común. En resumen, las regiones que más aporten deberían recibir más dinero. En concreto, Cataluña debería ser la tercera región que más recibiese porque es la tercera que más aporta, una faceta que cumple el modelo de Montero. Pues bien, justamente esa ha sido la interpretación de la ordinalidad que ha divulgado Junqueras ante los medios de comunicación y ha asumido Illa. Claramente regresivo, ese enfoque fiscal no solo no atenuaría las diferencias entre las regiones ricas y las pobres, sino que las incrementaría. En consecuencia, no debería ser defendido por ninguna formación que se considere socialista o comunista, pues se supone que esas ideologías son partidarias de la igualdad social. El hecho de que tanto IRC como los Comunes y el PSC, tres opciones que se reclaman de izquierdas, estén a favor de la ordinalidad regresiva nos pone ante una disyuntiva: o bien sus respectivas proclamas igualitarias son una coartada para encubrir unas políticas liberales en el campo económico, o bien no extienden la igualdad al conjunto de los españoles porque creen que Cataluña es una nación soberana. Desde esa perspectiva, la solidaridad catalana con España sería parecida a la que los españoles prestan a los países subdesarrollados. Personalmente opino que la segunda explicación es la correcta. Y eso tiene graves consecuencias para Izquierda Unida. Su líder, Antonio Maíllo, ha declarado que no está de acuerdo con premiar a los territorios que tengan mayor capacidad tributaria, añadiendo que deben financiarse personas, no territorios. Hay que reconocer que ha sido coherente con su pensamiento igualitario. Y todavía más cuando defiende un modelo federal, multilateral y solidario. Lleva razón el profesor, pero eso choca con la idea plurinacional de España que sostiene IU. No es congruente pensar que Cataluña es una nación soberana y querer un modelo solidario federal para España. Hay que elegir: o plurinacionalidad o igualdad entre los españoles. Fue un error que el PCE no se implantase en Cataluña, cediendo ese espacio al PSUC. Y también lo fue que el PSOE liquidase su federación catalana para crear el PSC. En ambos casos se estaba propiciando la independencia fiscal de Cataluña, que ahora reclaman Illa, Urtasun, Junqueras y Puigdemont al unísono. Más coherente fue Monereo, cuyo Partido Comunista de los Pueblos de España se extendía por todo el territorio español. Debería, pues, arreglar IU esa disonancia.
