El Consejo de Ministros aprobó ayer, tal y como estaba previsto, el decreto que pone fin a la obligación de llevar mascarillas en lugares cerrados. Se establece una serie de excepciones que afectan al transporte público y a los lugares donde se presta asistencia sanitaria o residen personas especialmente vulnerables, como las residencias de mayores. La medida se adopta 700 días después de que se acordara la imposición y cuando no se puede hablar, ni mucho menos, de que la pandemia haya desaparecido. De hecho, las mascarillas dejan de ser obligatorias cuando el nivel de contagios en personas de más de 60 años, la única franja de edad en la que se hacen públicos los datos, está por encima de los 400 casos por cada cien mil habitantes, un nivel que siempre se había considerado alto. También cuando se desconoce, porque no ha habido tiempo para medirlo, si los millones desplazamientos y concentraciones de masas que han tenido lugar durante la Semana Santa han supuesto un crecimiento sustancial de los casos. De lo que no cabe duda es de que el panorama ha cambiado durante los últimos meses, que la presión hospitalaria es ahora soportable por el sistema y que el coronavirus ha dejado de ser la preocupación fundamental y casi única de los ciudadanos. En este sentido, la retirada de la obligación de llevar la mascarilla es perfectamente coherente con una nueva situación en la que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con el virus y con la existencia de la enfermedad. El decreto, como es marca de la casa en el Gobierno de Pedro Sánchez, es vago y deja lagunas sobre lo que cabe hacer en ámbitos tan sensibles como la escuela o las empresas, para los que simplemente se señala la no obligatoriedad. Es por ello conveniente hacer, una vez más, un llamamiento a la prudencia y al sentido común en el convencimiento de que, aunque las mascarillas se vayan a ir, el virus se va a quedar con nosotros.