El error de Castilla y León

En una de sus últimas malas ideas, Pablo Casado forzó unas elecciones en Castilla y León. El objetivo de la precipitada maniobra, diseñada en la sede de la calle Génova de Madrid sin tener demasiado en cuenta lo que estaba pasando en Valladolid, era afianzar su propio liderazgo nacional, hacerse con el electorado de Ciudadanos y conformar una mayoría que dejara a Vox como posible socio de investidura, pero no como miembro coaligado del Gobierno. Los resultados están ahí. La presidencia de Casado saltó por los aires y hoy se verá si el partido que ha representado siempre a la derecha moderada y liberal da entrada por primera vez a la derecha más radical para que asuma responsabilidades ejecutivas en una comunidad autónoma. El resultado no pudo salir peor y Alberto Núñez Feijóo se enfrenta para estrenarse a una papeleta complicada. El mismo experimento intentó la dirección nacional del PP en Andalucía. Pero aquí Juanma Moreno supo jugar sus cartas y se zafó de un planteamiento que hubiera roto antes de tiempo el modelo de estabilidad que ha permitido gobernar sin sobresaltos la región durante esta legislatura y mantener a Vox como socio estratégico en el Parlamento, pero sin poder de decisión dentro del Consejo de Gobierno. La precipitación de Castilla y León demuestra que el electorado castiga los finales abruptos de legislatura que miran más a intereses de un partido que a los generales de los ciudadanos. En Andalucía tenemos algunas experiencias en ese sentido. Tampoco quiere ello decir que haya que alargar situaciones que deriven en bloqueo de la acción política. Cuando un ciclo ha terminado lo mejor es pedir a la ciudadanía que tome la palabra. Pero eso no había pasado en Castilla y León ni ha pasado todavía en Andalucía, que atraviesa, como el resto del país, una situación muy complicada derivada de los coletazos de la pandemia y de los efectos que ya se empiezan a percibir de la guerra de Ucrania. En una crisis tan grave como ésta, los experimentos mejor dejarlos al margen.