Javier Milei, el presidente de Argentina, es una persona a la que le gusta hacer alarde de extremismo e histrionismo. Sus postulados son abiertamente antidemocráticos y defiende medidas económicas y sociales que no tendrían cabida en una democracia normalizada. El balance de sus primeros meses se puede considerar un desastre, con la inflación disparada hasta extremos insoportables y la temperatura social en continuo aumento. El pasado fin de semana viajó a Madrid para participar en una cumbre de extrema derecha organizada por Vox. Allí se despachó a gusto contra Pedro Sánchez y acusó a su mujer, Begoña Gómez, de corrupta. El Gobierno español ha convertido el asunto en una crisis diplomática y como primera medida decidió la llamada a consultas de la embajadora en Buenos Aires. No cabe duda de que el presidente argentino ha faltado a las más elementales reglas de la diplomacia e incluso del respeto a las personas. Nada que extrañe en una persona de su trayectoria. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no se ha equivocado al elevar una protesta firme y contundente, que, sin embargo, no debe ir mucho más lejos. Argentina es un país demasiado importante para plantearse una ruptura de relaciones. El Gobierno ha tratado de convertir el exabrupto de Milei en un insulto al Estado mismo. Hay en esa sobreactuación un intento mal disimulado de rentabilizar políticamente el dislate, con las elecciones europeas en el horizonte más cercano y con Pedro Sánchez en momentos bajos, según las encuestas. No hace ni un mes el lenguaraz ministro de Transportes español, Óscar Puente, acusó al presidente argentino de “consumir sustancias” y el asunto, más allá de la polvareda mediática, no pasó a mayores. El incidente del domingo deja retratado a Milei. Pero cabe preguntarse hasta qué punto le conviene a España abrir una crisis diplomática de largo alcance en la que saldrán perdiendo los intereses españoles en ese país, que no son pocos ni menores.