EL rechazo por 179 votos en contra frente 171 a favor y ninguna abstención de la ley de amnistía produjo el pasado martes un vuelco a la situación política española: el Gobierno comprobó con incredulidad que esta legislatura es inviable, porque el mismo prófugo que le ha exigido reventar las costuras del sistema constitucional elevó su extorsión incluso votando no al texto porque Junts pretende que alcance a cualquier delito, prácticamente que Carles Puigdemont sea inviolable, quizás en su ensoñación de que es presidente de la república catalana que proclamó durante 8 segundos en octubre de 2017.

Desde el Gobierno y el PSOE consideran “incomprensible” que tumbaran la ley. Se quedan cortos. Porque la votación es aún más trascendente: la proposición de ley de amnistía habría decaído y para aprobar el borrado de los delitos debería iniciar su trámite desde cero otra vez. Esa es la opinión de algunos juristas, entre los que se encuentra el letrado de las Cortes Manuel Fernández-Fontecha, el mismo que fue apartado por el nuevo letrado mayor y secretario general del Congreso, Fernando Galindo, impuesto por Francina Armengol, para que no informara contra la toma en consideración de esta aberración jurídica en una democracia.

La amnistía habría decaído sencillamente porque la mayoría absoluta de la Cámara la rechazó, por lo que no cabe acudir al artículo 131.2 del Reglamento del Congreso para devolver la norma a la Comisión de Justicia. No existe un precedente igual. Es más, es muy infrecuente que las leyes orgánicas vuelvan a la comisión que aprueba la ponencia. Las dos veces que ha ocurrido –las últimas en 1997 y 1999, gobernando el PP– fue porque el pleno aprobó la ley con mayoría simple y no cumplió el requisito de alcanzar los 176 escaños. Ahora, para disfrazar la anomalía, la Mesa del Congreso presidida por Armengol recurrió a la argucia de separar la votación de la ponencia y la del conjunto del texto de legal, pero una interpretación correcta del reglamento supone que la proposición de ley del PSOE está ya rechazada.

Increíblemente, ninguno de los grupos que se oponen con palabras grandilocuentes a la amnistía ha recurrido –aún pueden hacerlo, tanto PP como Vox– la decisión de la Mesa de que la ley siga en trámite.

Es la tragedia del tiempo que vivimos: un Gobierno sin principios que se salta todas las líneas rojas frente a una oposición que no está a la altura –ni jurídica ni política– para defender el Estado de derecho, la separación de poderes y la igualdad efectiva de todos los españoles.