Vilalta, como Ingrid

ES posible que tenga derecho a ella, pero la solicitud de Albert Vilalta de recibir una indemnización como víctima del terrorismo clama al cielo. Por muchas razones.

La más sangrante, que el Gobierno español pagó varios millones de euros por Vilalta, Pascual y Gámez, sin contar que docenas de ciudadanos españoles, diplomáticos, policías, guardias civiles y miembros del CNI pusieron en riesgo su vida, contactando con peligrosos personajes de Al Qaeda, para lograr que los tres cooperantes fueran puestos en libertad. Un rescate que, si tuvieran que pagar los tres secuestrados, ni el trabajo de todos sus días de vida, más el trabajo de sus descendientes, llegaría para alcanzar esa cifra.

Segundo punto que abunda en la idea de que Albert Vilalta roza lo inadmisible con su petición: la organización a la que pertenece, Barcelona Acció Solidaria, había sido alertada del peligro que suponía llevar su caravana por la ruta que habían elegido. Se le recomendó que eligiera otra porque aquella estaba infestada de bandidos que pertenecían a Al Qaeda del Magreb o trabajaban para esa organización terrorista, o bien que enviara su ayuda a las distintas ONG que están instaladas en esos países de miseria y que están perfectamente capacitadas para hacer llegar los alimentos y material sanitario allí donde debe llegar. Sin embargo, como en años anteriores, BAS desoyó las recomendaciones y organizó la caravana humanitaria con un deseo de cooperación que nadie pone en duda, aunque en alguna ocasión se había criticado que sus participantes tenían un espíritu aventurero bastante ajeno al que se suele dar en otras ONG profesionalizadas.

España entera se preocupó por la situación de los cooperantes de Barcelona, se emocionó con la liberación de Alicia Gámez primero y de Vilalta y Pascual meses más tarde, y nadie se rasgó las vestiduras por el alto precio que había pagado el Gobierno por el rescate; rescate que el Gobierno niega haber pagado porque legalmente no puede hacerlo, pero es de dominio público que ha hecho llegar a Al Qaeda una cantidad exagerada porque antepuso la vida de los tres cooperantes a la repugnancia de contribuir a financiar a una organización terrorista tan sanguinaria.

¿Y Vilalta pretende ahora ser víctima del terrorismo y cobrar una indemnización? El caso recuerda la cara amarga de la liberación de la tan galardonada Ingrid Betancourt. También pidió indemnización por los años en poder de las FARC. El gobierno colombiano respondió casi de inmediato: fue secuestrada porque se empeñó en ir a una zona muy peligrosa a pesar de ser advertida; segundo, la operación de rescate había costado millones de dólares. Betancourt es hoy un nombre desprestigiado en Colombia.