La política regional europea es uno de los dos pilares de la Unión Europea. El otro es la política agraria (PAC) y las dos nacen con el objetivo de corregir la desventaja de las regiones más atrasadas para sobrevivir en una UE sin restricciones a la competencia. El gran impulso se produce en 1988, tras la incorporación de Grecia, España y Portugal y, en el caso de la política regional, con el objetivo de reducir las diferencias en productividad y recuperar el empleo destruido en los procesos de fusión y absorción de empresas.

Las protestas de los agricultores dan testimonio del fracaso de la PAC, mientras que el de la política regional queda reflejado en los datos sobre diferencias regionales en PIB por habitante que acaba de publicar Eurostat, referidos a 2022. La primera impresión es positiva. La inmensa mayoría de las regiones crecieron en ese año y entre ellas todas las españolas, pero el dato viene con trampa porque la intensidad del crecimiento estuvo condicionada por la recuperación del turismo y, sobre todo, por la fuerte caída en el año anterior, particularmente acusado en el caso de las regiones españolas. La parte negativa es que la convergencia se detiene, que ya solo quedan tres regiones españolas (Madrid, País Vasco y Navarra) por encima de la media europea (35.400 euros) y que Cataluña ya se sitúa por debajo. La última de entre las españolas es Andalucía (22.700 euros, un 35% inferior a la media), acompañada de Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y el resto de las regiones tradicionalmente más desfavorecidas, que vuelven a ser testimonio de que las ingentes cantidades dinero gastadas hasta el momento no han conseguido corregir el mapa de las desigualdades, que en el caso de las autonomías españolas son particularmente amplias.

Hace tiempo que debimos darnos cuenta del deficiente funcionamiento y reaccionar en consecuencia. No solo por responsabilidad con los más de 375 mil millones programados para el periodo 21-27, sino también, y sobre todo, por el escepticismo sobre el rumbo de la UE y la resistencia creciente a las transferencias de renta hacia las regiones desfavorecidas. El debate tiende a centrarse en si la política regional debe ser cambiada o directamente eliminada y plantea la necesidad de un análisis en profundidad de las causas del fracaso, que en el caso de España apuntan con claridad a la dificultad de corregir el diferencial de productividad.

Las ayudas europeas no consiguen compensar las ventajas competitivas en las regiones más prósperas, derivadas de la mayor capacidad del capital humano y tecnológico y de las ventajas fiscales. En las regiones atrasadas como Andalucía se ha conseguido corregir, gracias a las ayudas europeas, el déficit en infraestructuras, pero la ventaja que debería proporcionar la competencia salarial se debilita con la centralización de la negociación colectiva. Los últimos recursos para estas comunidades arrastran una notable carga de utopía. Uno sería la calidad de las instituciones. El otro, la esperanza de una administración central capaz de enfrentarse a la desigualdad con medidas de discriminación positiva hacia los territorios más atrasados.