El abogado del novio de Ayuso vincula al fiscal general con un plan político para sentenciarle

La acusación particular que ejerce Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha vinculado el comunicado de la Fiscalía sobre la propuesta de pacto en la que admitió dos delitos con el "relato político" que ha llevado a "rivales" de la presidenta madrileña, entre los que ha citado al jefe del Ejecutivo, a llamarle "delincuente confeso".

Una especie de estrategia común que ha dibujado el letrado Gabriel Rodríguez-Ramos en su turno de informe en el Tribunal Supremo para sustentar su petición de condena de 4 años de cárcel, 3 de suspensión de empleo público y el pago de 300.000 euros de indemnización para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.

Para el empresario Alberto González Amador, principal acusación de este juicio, no hay duda de que García Ortiz "filtró" a la Cadena Ser el correo en el que su abogado proponía un pacto al fiscal que le investigaba y admitía dos delitos contra Hacienda.

Algo que, ha subrayado su abogado, formaba parte de una "estrategia" que consistía en, una vez publicado ese correo, incluir su contenido en un comunicado de la Fiscalía que -ha reiterado- supuso un "relato institucional de confesión y culpabilidad" en su contra.

Un relato "idéntico" al "relato político de delincuente confeso", como "idéntico fue el método usado para construirlo", ha aseverado Rodríguez-Ramos, que ha denunciado el "uso político" del polémico correo, "con una intensidad gubernamental nacional diaria".

En la lista de dirigentes políticos que llamaron a su representado "delincuente confeso" ha incluido desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, o el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López.

Una "maquinaria de comunicación" del Gobierno

Toda una "maquinaria de comunicación" -ha dicho el abogado- en la que ya se tuvo "una sentencia pública de condena" antes de iniciarse la causa judicial y que, según ha denunciado, le ha convertido en "moneda política en España" con un relato que "arrasa" su presunción de inocencia, "apuntalado, día a día, por el Gobierno".

Esa "política de comunicación del Gobierno con el ministro de Justicia a la cabeza", según ha recalcado, ha generado "graves daños" en su vida familiar y profesional.

El abogado ha hecho hincapié en que "jamás podría estar justificado" incluir la admisión de los delitos en la nota de prensa y, en cualquier caso, que los correos estuvieran en los medios "no eliminaba la tipicidad" (que sea delito); solo la aumentaba.

Hasta dos veces ha señalado que "no era necesario para neutralizar ningún bulo" -en referencia a las afirmaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su jefe de gabinete- y ha apoyado buena parte de su informe en el relato de la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra, que se mostró muy crítica con García Ortiz.

También ha subrayado el "deber de reserva y sigilo" de la Fiscalía y ha afirmado sin ambages que el correo fue "transmitido" por García Ortiz a la Cadena Ser -primer medio que lo reveló explícitamente- "como método para activar su relato institucional de culpabilidad".

"Cautelas" al valorar los relatos de los periodistas

El abogado ha transmitido al tribunal la necesidad de valorar con "especiales cautelas" el relato de los periodistas que han ido afirmando estos días que supieron de ese correo antes que el fiscal general del Estado porque tienen el derecho de acogerse al secreto profesional y, por tanto, no contar todo lo que ocurrió.

Pero ha ido más allá al asegurar que, en su opinión, "no hay un solo elemento", más allá de sus declaraciones, que sostenga la versión ni del periodista que reveló el correo -a quien directamente ha acusado de faltar a la verdad- y de otro informador que dijo haberlo tenido seis días antes que el fiscal general