La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido estudiar fórmulas o convenios para poner a disposición de "las familias que hoy están sin techo" las viviendas de protección oficial (VPO) vacías. Becerril ha hecho esta petición durante su comparecencia en el Pleno del Congreso, donde ha presentado el informe de gestión 2011 de la institución. La Defensora del Pueblo ha anunciado que está realizando un informe para conocer el número de VPO que están vacías, ya que los datos son "dispares" sobre el concepto de "vivienda pública vacía". Para ello, se está recabando información por parte de las comunidades autónomas, sin "entrar en los ayuntamientos".

Con su propuesta, Becerril pretende seguir ayudando a paliar la situación que viven muchas personas que, como consecuencia de la crisis, han perdido sus hogares. Para que las familias puedan afrontar el pago de sus hipotecas, Soledad Becerril ha reiterado su petición de que se regule el procedimiento de insolvencia personal y "se determine quiénes son los deudores de buena fe". Además, ha incidido en que se establezca una limitación a "los desmedidos" intereses de demora de los bancos, que en pocos meses pueden llegar al 40 por ciento, y que se contemple la dación en pago en determinadas circunstancias.

En materia financiera, se ha referido también a las "preferentes", y como ejemplo ha leído las quejas de tres ciudadanos, en las que ponen de manifiesto situaciones "verdaderamente lamentables y que demuestran que no tenían información, ni conocimiento de la dificultad del producto". A raíz de esta situación, el Ministerio de Hacienda y el Banco de España han aceptado sus recomendaciones para que las entidades financieras señalen "con colores, como un semáforo" el riesgo de cada producto.

El área que más quejas recoge el informe es el de justicia, principalmente por los retrasos en los procedimientos judiciales. "Es un lamento generalizado", ha dicho. Becerril ha manifestado su sorpresa por el aumento de la violencia de género, especialmente por parte de jóvenes. En materia de seguridad, la Defensora ha asegurado que el ministro de Interior, Jorge Fernández, ha oído su recomendación para que "en poco tiempo" la Policía Nacional esté mejor identificada. La institución visita con frecuencia las prisiones y, según Becerril, las de mujeres están bien atendidas.

En cuanto a la sanidad, los ciudadanos se quejan principalmente de la descoordinación entre las distintas administraciones, que conlleva dificultades en la asistencia sanitaria cuando alguien cambia de residencia o llega como desplazado a otra comunidad autónoma. También los ciudadanos se lamentan de los retrasos en las evaluaciones de las personas con discapacidad y en su consideración como perceptores de las ayudas.

Las principales quejas en educación son sobre la enseñanza infantil de 0 a 3 años, ya que no está cubierto todo el territorio nacional "ni muchísimo menos". Becerril ha puesto de relieve que los ciudadanos no entienden el lenguaje de Hacienda y se quejan de las "importantes subidas" en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Darse de baja o cambiarse de compañía telefónica "es toda una historia", por lo que es una queja "básica" de los ciudadanos. "En un país tan desarrollado, con tanta democracia, los ciudadanos no entienden lo que dice Hacienda y, además, no pueden cambiarse de compañía telefónica", ha lamentado Becerril.

La Defensora del Pueblo ha manifestado su preocupación por la situación de los menores inmigrantes y ha pedido ordenar los criterios para determinar si un menor lo es o no, a la vez que ha reivindicado un apoyo total del Estado para las víctimas del terrorismo.