El Juzgado Mercantil número 2 de Málaga ha dictado el embargo de los bienes de tres miembros del consejo de administración de Isofotón -el presidente A. L. S., su hermano y vicepresidente D.S. y el consejero Carlos Zambudio- por un importe total de 50,8 millones de euros para cubrir el posible déficit entre el dinero que se obtenga de la liquidación de la empresa y lo que se debe a los acreedores, siempre que el concurso acabe siendo considerado culpable, es decir, que el juzgado entienda, como propone la administración, que los ex directivos actuaron de forma negligente.

En un auto firmado el pasado 29 de septiembre, el juzgado dispone el embargo para A.L.S. y D. S. de todos los saldos, cuentas, acciones, fondos de inversión, planes de pensiones y cualesquiera depósitos de que pudieran ser titulares, así como de las devoluciones que pudieran recibir de Hacienda, del 50% de la propiedad que ostentan con carácter privativo de la finca y de las participaciones sociales que tuvieran de la entidad mercantil. A Zambudio le reclaman los dos primeros puntos.

La administración concursal, según el auto, presentó la solicitud de medida cautelar consistente en el embargo de bienes de esos tres miembros del consejo de Administración de Isofotón, la demanda fue admitida a trámite y la vista se celebró el 17 de septiembre.

Los administradores concursales pidieron que el concurso de acreedores en el que se encuentra la empresa desde 2013 sea declarado culpable y alegan "la falta de depósito de cuentas en plazo y la falta de formulación de las cuentas de 2012, así como que la formulación tardía de las mismas no se correspondía con la realidad del activo y pasivo, la existencia de irregularidades contables graves, el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso en plazo, el incumplimiento del deber de colaboración con la administración concursal y la existencia de otros comportamientos que pudieron agravar la situación de insolvencia".

La jueza del Mercantil número 2, Rocío Marina Coll, entiende que se aportan indicios suficientes por parte de los administradores para probar sus acusaciones y que derivan en el embargo. Entre ellas se habla de la falta de colaboración entre los empresarios y los administradores y se pone como ejemplo que Isofotón vendió la mayoría de sus participaciones de Desarrollos Fotovoltaicos DSS a la firma Oldbury "sin autorización previa de la administración concursal ni de este juzgado y sin informar previamente de la misma".

El juzgado subraya que también se aportan indicios de "irregularidades contables relevantes para la comprensión de la situación patrimonial y financiera de la concursada". "La solicitud de concurso estimaba que el activo ascendía a más de 199 millones de euros y el pasivo a algo más de 163 millones. El informe provisional de la administración concursal -susceptible de modificación por los incidentes en tramitación- fija una masa activa, en el máximo rango de valoración, de algo más de 111 millones de euros, y una masa pasiva que añade a la cifra inicial créditos contingentes que pueden alcanzar un importe de otros 129 millones de euros. Por tanto, la documentación que se aportaba a la solicitud de concurso podía no reflejar la realidad. Se alega por los letrados de los miembros del consejo de administración que estos cambios se deben a la depreciación del activo y a la presentación de una serie de demandas frente a la concursada. Sin embargo, un activo difícilmente se deprecia tanto en un solo año (...) y las demandas mencionadas en el informe se refieren a contratos muy anteriores a la fecha de solicitud de concurso", añade el auto, que señala que cabe recurso de apelación contra esta resolución judicial.