España es un país envejecido, con perspectiva de profundos cambios en la estructura interna de su demografía, pero sin grandes modificaciones en el tamaño de la población. El 70% de ella vive en ciudades y la tercera parte en el litoral y como, consecuencia de ambas cosas, dos importantes focos de incertidumbre. Por un lado, el desequilibrio financiero a largo plazo de la economía española derivado de la insostenibilidad del sistema de pensiones y de la pasividad con que los diferentes gobiernos se han enfrentado hasta ahora al problema. Por otro, el futuro de las ciudades medias y la sostenibilidad de las de mayor tamaño.

De la misma forma que el potencial laboral de un trabajador cada vez se mide más por sus conocimientos y su currículo, en lugar de por su fuerza o características físicas, a la ciudad moderna se le pide que sea inteligente (smart city). No basta con satisfacer las necesidades de la población residente, entre ellas las de orden social, sino que además debe ser competitiva, sostenible y eficiente, tanto desde un punto de vista ambiental como financiero, lo que complica extraordinariamente su gestión. Desde la perspectiva de la economía, básicamente significa capacidad para atender con costes reducidos, tanto para el ciudadano como para la empresa, la demanda de estas últimas, cuando operan en mercados globales.

Cuando se observa el listado de las ciudades que se reconocen como inteligentes a nivel mundial, la mayor parte se caracteriza por su gran dimensión demográfica. Tokio también se caracteriza por su liderazgo en materia de tecnología, Londres en capital humano, Paris y la capital británica en turismo y accesibilidad, Nueva York por la dimensión económica de las empresas localizadas, etc. Afortunadamente hay otras de menor dimensión, como Viena, Copenhague o Toronto, que también responden al perfil de ciudad inteligente, lo que significa que no existe un requisito de tamaño mínimo para alcanzar la categoría. Lo que suele coincidir en todas ellas es, por un lado, una administración inteligente capaz de controlar el aumento del gasto público, de los impuestos y del endeudamiento, lo que forzosamente obliga a convocar a la iniciativa privada en la gestión. Por otro, una acumulación de talento susceptible de generar, como apuntaba Felipe Romera en su discurso de acceso a la Academia Andaluza de Ciencia Regional, un sistema virtuoso de innovación disruptiva (nuevos productos y mercados o sistema innovadores de gestión), capaz de renovarse cuando las innovaciones quedan obsoletas.

Algunas ciudades serán capaces de engendrar las condiciones de acceso a la condición de inteligentes, pero no todas. Una visión introspectiva del problema parecería condenar al resto a mantenerse en el funcionalismo urbano heredado de las revoluciones industrial y del transporte, pero si miramos al exterior es fácil observar la inminencia de algunas transformaciones. Por un lado, el auge del turismo urbano y sus implicaciones en términos de conflictos de convivencia. Por otro, la demografía de Marruecos, justo la contraria a la española, con la presión añadida desde más allá del río Níger.