La valoración del Observatorio Económico de Andalucía (OEA) sobre el Presupuesto de la Junta para 2023, que este miércoles superará el debate de totalidad en el Parlamento autonómico, refuta el principal mantra económico del Gobierno de Juanma Moreno: la recaudación no está subiendo por efecto de las sucesivas bajadas de impuestos, sino lo contrario, el crecimiento de los ingresos está por debajo de la media de las comunidades autónomas, lo que precisamente atribuye a que se han aplicado rebajas fiscales.

Junto a esta valoración, el OEA considera que la previsión de crecimiento del cuadro macroeconómico de la Junta de Andalucía es “manifiestamente optimista” y no es refrendado por los principales paneles de expertos que ofrecen perspectivas económicas andaluzas.

Un informe elaborado por el economista Diego Martínez López, miembro de la directiva del OEA y profesor de la Universidad Pablo de Olavide, que fue presentado en la tarde de este martes, puso de manifiesto “una vez más” que “los datos no muestran que las rebajas fiscales del Gobierno andaluz se autofinancien”.

Martínez es un experto en políticas fiscales y de hecho entre 2015 y 2018 fue director general de Financiación y Tributos de la Junta de Andalucía, y entre 2018 y 2020 secretario general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda, en los gobiernos de Susana Díaz y Pedro Sánchez, respectivamente.

El informe del OEA presentado por Martínez enfatiza que los principales impuestos cedidos tradicionales (Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Juego y tasas) llevan meses creciendo por debajo de la media de las comunidades autónomas.

Los impuestos sobre el consumo (IVA, impuestos especiales) y el de sociedades (no cedido) llevan meses creciendo también por debajo de la media nacional. Sólo el IRPF crece por encimade la media de las autonomías, pero el autor del informe explica que “lo lleva haciendo desde 2015”.

La conclusión del informe es que “el tramo decreciente de la curva de Laffer no funciona. Ni en Andalucía ni en España”.

La explicación del OEA es que la recaudación tributaria está aumentando por el crecimiento económico, la inflación y el afloramiento de economía sumergida en todo el país, “y en Andalucía algo menos como consecuencia de las rebajas de impuestos”. Es decir, lo contrario de lo que sostiene el Gobierno andaluz. También ocurre con el impuesto sobre Sucesiones y donaciones y con los tributos sobre el juego, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y las tasas afectas a servicios transferidos, dado que “se encuentran por debajo de sus recaudaciones normativas”.

“Eso significa una penalización en el sistema de financiación autonómica en la que parece no repararse”, afirma el informe que recalca que desde el OEA se ha advertido de esta circunstancia en repetidas ocasiones.

Al valorar los Presupuestos de la Junta, el informe también señala que el Ejecutivo regional peca de optimismo al elaborar el cuadro macroeconómico para 2023.

“El crecimiento previsto del PIB en términos reales del 1,9% para 2023 es manifiestamente optimista”, señala el documento elaborado por Martinez, que recuerda que estas previsiones “contrastan con las estimaciones de otros centros de análisis como BBVA Research, Loyola Andalucía y, singularmente, el propio OEA, que prevén crecimientos inferiores para el año que viene.

También chocan con las de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), “que si bien ha avalado las previsiones de la Junta de Andalucía, también advierte que se desvían moderadamente de su escenario central”. Y, enfatiza el documento, con una “desviación es de una magnitud superior a la del Gobierno central”.

Tampoco considera el OEA que el Presupuesto de Andalucía pueda considerarse expansivo. “A diferencia del proyecto del año anterior que fue claramente expansivo y procíclico, resulta complicado determinar la orientación de la política fiscal de 2023”, afirma antes de argumentar que “con un crecimiento del PIB nominal previsto del 6,4%, un crecimiento del gasto presupuestado del 4% no permite calificarlo como expansivo”.

Sobre el capítulo de gastos, el informe señala que mantienen una línea continuista en la composición de su estructura. “Es comprensible dado el marco competencial” andaluz. A gasto social se destina el 53,7% del total, porcentaje algo inferior al 54,5% de 2022, pero muy similar al de legislaturas anteriores.

Advierte también que se ha consolidado gasto estructural derivado de la pandemia de Covid-19. Constata un notable aumento del gasto en inversión pública, a una tasa del 46,9% respecto al año anterior. “Los fondos europeos son claves para sostener este crecimiento” y cree positivo el ahorro bruto de 352 millones de euros.