La batalla, más allá de lo dialéctico, entre Jesús León y Carlos González por hacerse con las riendas del Córdoba CF sigue dando pasos sin saber bien cuál será su destino final. De momento, el expropietario, a través de Azaveco SL, inició ayer el procedimiento legal para la recuperación del control de la entidad. Un movimiento que no pilló a nadie por sorpresa tras el incumplimiento del último pago de la operación de compra venta del paquete mayoritario de acciones de club por Aglomerados Córdoba, desde donde la posición es de absoluta calma ante el desarrollo de los acontecimientos.

Azaveco, mediante un comunicado, hizo saber que "como consecuencia del impago" de los 4,5 millones de euros pendientes el pasado día 31 de julio, "ha iniciado las acciones legales correspondientes para proceder a la recuperación inmediata del control del Córdoba CF SAD". En la misma nota, y "sin entrar en mayores detalles" sobre el procedimiento llevado a cabo, la sociedad "espera que se proceda a la transmisión formal del control de manera pacífica y con el menor perjuicio posible para el club, sus trabajadores, sus aficionados y la ciudad".

Esos pasos pasan por la solicitud, a través de un requerimiento notarial al secretario del consejo de administración del club blanquiverde, Juan Ramón Berdugo, de la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas para la renovación del órgano rector, con la salida de los actuales consejeros y el nombramiento de otros, bajo su potestad.

Ante este requerimiento, Berdugo tiene dos vías: realizar la convocatoria exigida en un plazo máximo de 30 días, según recogen los estatutos del Córdoba CF SAD, o rechazarla, lo que abriría la vía judicial, que dado que agosto es un mes inhábil, no comenzaría hasta al menos septiembre.

Dos caminos muy diferentes

Jesús León se dirige a los medios en una rueda de prensa en el estadio.

Ante este panorama, Jesús León muestra una posición de aparente calma, sin terminar de desvelar su estrategia para que todo vuelta al punto de partida. Según la información que manejan sus abogados, el requerimiento llevado a cabo por González no tendría validez alguna, pues primero debería haber solicitado el pago, con un plazo máximo de 15 días, tras el cual ya podría poner una demanda judicial que no sería posible ya hasta el 2 de septiembre al estar inhábiles los juzgados en este mes de agosto. Y sólo tras este último paso podría solicitar la junta de accionistas.

Hay que recordar que este último movimiento por parte de la sociedad del ex máximo accionista del club viene provocado por el incumplimiento en la fecha de pago para la formalización definitiva de la adquisición del paquete mayoritario de acciones del CCF. Aglomerados Córdoba reconoció el jueves este hecho y advirtió que en el plazo de tres semanas abonaría los 4,5 millones pendientes. Un hecho que ahora, con el nuevo cariz que han tomado los acontecimientos, no está del todo seguro que pueda frenar esta guerra.