Jesús León sigue sin aclarar las dudas existentes en torno a la operación de compra-venta del paquete mayoritario de accionies del Córdoba CF. El actual presidente de la entidad blanquiverde cumplió ayer el último día del plazo marcado en el acuerdo cerrado con Carlos González sin desvelar si finalmente cuenta con la liquidez suficiente para afrontar su último compromiso con el anterior propietario, cifrado en 4,5 millones de euros, que se unirían a los cinco que ya ha ido desembolsando en anteriores plazos de pago.

A pesar de la insistencia en el intento de contactar con el máximo responsable de la entidad blanquiverde, Jesús León no ofreció declaraciones ni públicamente ni en privado pero sí mostró “tranquilidad” y confianza en cerrar el pago, a pesar de contribuir con ello a aumentar la incertidumbre y el nerviosismo en una afición que sigue muy pendiente del futuro accionarial de su club. Carlos González, por su parte, tampoco se prodigó, aunque sí deslizó que sigue convencido de que el empresario montoreño no tiene la capacidad económica para afrontar este último pago.

En todo caso, pese a que el 31 de julio era la fecha marcada para culminar la operación entre ambas partes, la historia se alargará durante al menos uno o dos días más. La razón es simple: los trámites bancarios que se derivan de intentar descontar el pagaré que Carlos González ya tenía en su poder por valor de esos 4,5 millones de euros requieren un plazo de tiempo que alargará la incertidumbre como mínimo hasta final de semana.

Una incertidumbre que mantiene en vilo al cordobesismo, temeroso de que el club pueda entrar ahora en un proceso de judicialización si finalmente Carlos González no consigue cobrar el último pago pactado con Jesús León.

La tensa situación en la que se mueve el Córdoba tiene su origen en el desembarco de Jesús León en el club blanquiverde, allá por enero del 2018. Entonces, Aglomerados Córdoba –la sociedad del montoreño– y Azaveco –propiedad de Carlos González– pactaron unas condiciones para el traspaso del paquete mayoritario de acciones del club blanquiverde que tardó poco en romperse. Meses más tarde, el pasado verano, León propició una reformulación del acuerdo, a la que accedió González y que incrementó levemente el montante total de la operación, que quedó fijado en 9,5 millones de euros.

De ese total, el empresario montoreño ha abonado en los plazos ya cumplidos un total de cinco millones, pero ahora debía hacer frente al más importante con diferencia, pues suponía prácticamente el 50% de la cantidad pactada.

Después de mantener un agrio enfrentamiento en los últimos meses que incluso se ha trasladado al terreno judicial por ambas partes, León avisó por activa y por pasiva de que iba a acometer el pago final a González sobre la hora, en el último día del plazo fijado.

La amenaza de la judicialización

La seguridad y la insistencia con las que se expresó entonces el presidente del Córdoba hacían presagiar alguna comunicación pública al respecto llegada la fecha límite. Sin embargo, León optó ayer por el silencio y por mantener una incertidumbre que ayuda poco a la deseada estabilidad del club. González, por su parte, aguarda acontecimientos, aunque ya ha dejado clara su intención de llevar a los juzgados al montoreño si se produce un impago.

Una guerra de intereses cruzados que mantiene en medio al club, en un momento crucial de su planificación para la próxima temporada. Una pesadilla para el cordobesista que amenaza con guardar aún varios capítulos.