Los técnicos estudiarán aplicar la responsabilidad civil para cobrar
IU dice que el fallo confirma la gestión del anterior gobierno y el PSOE espera que concluya el proceso.
El teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento, José María Bellido, reiteró ayer que desde la administración local se actuará conforme a los criterios técnicos en caso de derivar la responsabilidad en el patrimonio personal del empresario y líder de la oposición, Rafael Gómez, para cobrar la sanción impuesta por construir sin licencia las naves de la Colecor. El edil se refirió a este asunto después de conocer que el TSJA ha rebajado la sanción de 24,6 a 20 millones de euros. Así, Bellido recordó que hay unos informes que marcan las actuaciones, entre las que se incluyen la posibilidad de derivar la responsabilidad en Gómez como administrador principal de la promotora en cuestión, una vez que la multa fuera firme en los tribunales. Por este motivo apuntó que "si los técnicos estiman que ese es el camino, se hará".
Tras el fallo del TSJA, que "para colmo" rebaja la sanción, dijo Bellido, "alguien tendrá que explicar también qué es lo que se hizo mal entonces" por parte del anterior gobierno municipal. El teniente de alcalde de Hacienda explicó que "la sanción lleva puesta muchos años y no se ha podido cobrar" por lo que "las esperanzas son mínimas" para poder cobrar la multa, algo en lo que ha insistido en varias ocasiones. En cualquier caso, defendió que el gobierno municipal no va a hacer que "la sanción suponga un déficit para el Ayuntamiento, como ocurrió en el anterior mandato", con la inclusión de estos ingresos. Ahora lo que se hace es no contabilizar esta partida, salvo como dudoso cobro", en las cuentas municipales. El PP, además, "no se va a inmiscuir" desde la política en el procedimiento administrativo y de recaudación de la sanción, de manera que "respaldaremos a los técnicos en todo lo que tengan que hacer para intentar hacer posible el cobro de la sanción y dejaremos trabajar ante cualquier interferencia que se quiera hacer desde cualquier ámbito desde el Ayuntamiento o fuera de él", apostilló el edil popular.
El portavoz de IU, Francisco Tejada, aseguró por su parte que la rebaja de la multa de Gómez "confirma" las actuaciones del anterior equipo de gobierno. El edil argumentó que, atendiendo a las cifras, "lo que ha hecho el TSJA es reconocer la infracción muy grave" aunque apuntó que "atenúa un poco la gravedad que había considerado el anterior gobierno local". Así, apuntó que la reducción de la sanción "viene a confirmar las actuaciones del Ayuntamiento de Córdoba en el mandato anterior y en su momento cuando se cometió la infracción urbanística".
Además, consideró que "lo que tiene que hacer el gobierno local es poner en marcha la maquinaria de recaudación municipal, ya que la ha tenido parada durante demasiado tiempo, para hacer efectiva la deuda" para que, de este modo, la empresa de Gómez y "los sujetos infractores paguen la sanción". Tejada ha mantenido en varias ocasiones que el gobierno municipal "no hace todo lo posible" para conseguir el dinero de la deuda, en relación a que todavía no ha derivado la responsabilidad civil al propio Gómez como administrador de Arenal 2.000.
El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Pablo Durán, apuntó por su parte que confía en que el fallo del TSJA "sirva" para cobrar la multa y lamentó las posibilidades que tiene el empresario de presentar recurso. Durán manifestó que espera que "esto sirva para que de esa manera pueda el Ayuntamiento también reconocer la sanción como patrimonio a cobrar y pueda venir a las arcas del municipio". El portavoz socialista reconoció que, según el procedimiento y "como todo ciudadano, presentará sus alegaciones y recursos", algo que, a su juicio, supondría "otra patada hacia adelante". El concejal confió en que "no sea nada más que el final de un culebrón que nos ha tenido a todos entretenidos durante demasiado tiempo", y mostró su esperanza en que "el final concluya satisfaciendo los intereses del Ayuntamiento". Durán recordó que "siempre" ha mantenido "un respeto absoluto sobre la tramitación judicial" y también en este caso concreto de TSJA.
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