El plan dice que un servicio exclusivo, y no la Policía Local, regulará el tráfico

A efectos organizativos, una de las medidas más sorprendentes que se proponen en el avance Plan de Movilidad Sostenible es retirar las competencias sobre la regulación del tráfico que en estos momentos se encuentra en manos de la Policía Local. En concreto, se propone "liberar" de estas funciones a los agentes locales -que se centrarían en trabajos de seguridad ciudadana- a costa de la creación de un nuevo servicio municipal, llamado de Movilidad. Su personal sería el que estaría en las calles, pito en boca, dando paso en los atascos o poniendo multas.

El caso es que la medida es plenamente legal desde la creación de la Ley de Modernización del Gobierno Local -conocida como de grandes ciudades- que permitía a los ayuntamientos tener funcionarios, específicamente dedicados al tráfico, con la especificidad de que son autoridad pública (aunque no puedan portar armas, sí tienen la potestad de poner denuncias o de declarar en un juicio con presunción de veracidad). El caso es que esta figura ya existe en ciudades como Madrid, de la mano del alcalde y candidato a la reelección, Alberto Ruiz Gallardón. De hecho, el Partido Popular llegó a defender una medida similar en las anteriores municipales. El plan le da un carácter social, y no policial, a estos hipotéticos funcionarios y le otorga todos los poderes relacionados con la vía pública. Incluido, por ejemplo, el control de veladores.