Rafael Gómez, Grupo Prasa y Obaoil 3000, los principales morosos con Hacienda en Córdoba

Ya se conoce la lista de morosos de la Agencia Tributaria del año pasado, que recoge los impagados a 31 de diciembre de 2024 y que incluye 5.997 deudores de más de 600.000 euros. Entre ellos, como ya es habitual, figuran en un lugar destacado y entre los principales de toda España el cordobés Rafael Gómez Sánchez y sus empresas, además de Grupo Prasa, que acumulan los mayores débitos entre los cordobeses y también Obaoil 3000, empresa de la provincia dedicada al comercio al por menor de combustible para la automoción.

La lista, iniciativa puesta en marcha en 2015, cuando el popular Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, ha sido actualizada este viernes 27 de junio por la Agencia Tributaria y los datos rezan que el importe total suma los 16.138 millones de euros, lo que supone un ligero aumento con respecto al año pasado de 901 millones de euros. Las deudas que figuran en el listado deben cumplir con varias condiciones: encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

En Córdoba la deuda de Rafael Gómez Sánchez, tanto a título individual como con el conjunto de sus sociedades, se sitúa por encima de los 147 millones de euros (una reducción de 17 millones de un año para otro). La que mayor debe al fisco es Arenal 2001, con 71,47 millones de euros, seguida de Arenal 2000 SL, con 47 millones de euros (71,4 millones el año pasado), y Compañía Meridional de Inversiones, que alcanza los 23,2. Además, el Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez SL debe 3,1 millones de euros y él, a título particular, otros 2,1 millones de euros.

El resto de morosos con Hacienda de la provincia se quedan con una deuda por debajo de los 100 millones. El grupo constructor e inmobiliario de José Romero, Grupo Prasa, ha elevado mínimamente su deuda, de 91,4 millones de euros a 92,43 millones de euros, por lo que está entre las más altas de toda España. El tercer valor más alto de la provincia es el de Obaoil 3000, que ha experimentado un significativo aumento con respecto a la deuda que arrastraba del año anterior. La compañía cordobesa debe 72,43 millones de euros a Hacienda (en 2023, la deuda era de 60,3 millones).

El siguiente en valor, cerca de los 10 millones, es Desarrollos Urbanísticos Lomas del Rey, que repite con 9,2 millones, mientras que Noriega Edificación y Obras debe aún al fisco 5,4 millones e Inversiones Aljoda, 4,9 millones de euros. Control de Obras y Reformas debe aún tres millones de euros y Laboratorios Pérez Giménez, con un débito, también, de tres millones. Un escalón por debajo se sitúa Camisas Ramírez, con 2,2 millones de euros.

Explotaciones Jarotas, con un débito de 2,28 millones de euros, Inversiones Patrimoniales de Málaga con 1,6 millones de euros, Pavimcosa y Nidesur, ambas con 1,4 millones, Guías Amarillas y Mobiliario Corbaño tienen en torno a un débito de 1,2 millones de euros. Fesucor, por su parte, suma una deuda al fisco de un millón de euros, al igual que Hermanos Pistón. La misma cantidad deben empresas cordobesas como Inversiones Dajoal, mientras Crespe se queda por debajo del millón, con 982.088 euros y Villautomóvil, con 767.114 euros. Procasa Proyectos y Obras y Miraval Grupo Promotor Inmobiliario ya no están en la lista.

Esta es la decimosegunda edición de la lista de morosos que publica la Agencia Tributaria. En esta actualización, del total de 5.997 deudores que figuran en el último listado, 1.077 son personas físicas por importe de 1.579 millones de euros y 4.920 son personas jurídicas por importe de 14.558 millones. Un total de 805 deudores no figuran ya en el listado de morosos tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2024, por lo que abandonan la lista con un importe de 1.361 millones de euros. Algunas de ellas son de Córdoba. La salida de la lista se puede deber tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos, o por falta de firmeza de la deuda.