Al menos 105 ocupaciones ilegales se han registrado de enero a junio de este año en Córdoba, según los datos del Ministerio de Interior y que recoge la web especializada en seguridad VPS. Esto es, de media, unas 17,5 ocupaciones de viviendas al mes, 42 menos si se comparan estos datos con los del año 2018. 

Al respecto, el director comercial de VPS, José Fuster, ha explicado a el Día que "tenemos en cuenta que muchas ocupaciones no se denuncian porque se desconocen o son silenciosas, (aquellas en las que no hay denuncia por parte de los propietarios ni aviso de los vecinos). Si tenemos en cuenta todas las variables, los datos del Gobierno y nuestra actividad en la provincia durante la pandemia, estimamos que se han podido ocupar alrededor de 250 viviendas en Córdoba en el mismo periodo". Si se toman como buenos esos datos, las ocupaciones subirían a 41,6 al mes, unos números que se acercan más a la realidad de los años 2017 y 2018. 

Y es que, según un estudio del buscador de pisos Idealista, a raíz de la pandemia provocada por el covid-19, "han aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de particulares y empresas por mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca vulnerabilidad social". Es decir, ocupaciones que no pueden ser respaldadas por una necesidad. 

Los datos de VPS dan cuenta de que desde el año 2014, el 40% de las ocupaciones en Andalucía se producen en Sevilla. Por detrás se encuentran Málaga (15%), Cádiz (15%), Almería (10%) y Córdoba (10%). El resto de provincias tiene menos ocupaciones comparativamente hablando. Sin embargo, Córdoba alcanzó la media de 60 ocupaciones al mes en el año 2018 y fue considerada, junto a Sevilla y Málaga, de las provincias más afectadas por la situación ese año. 

El perfil de los ocupantes varía. Desde "gente sin techo, familias desalojadas por impagos, personas que pagan a las mafias para conseguir alojamiento a bajo coste, colectivos antisistema y que reivindican el acceso a una vivienda digna, sin olvidar a los traficantes con sus famosos narcopisos", explica Fuster. "Normalmente buscan inmuebles deshabitados en edificios o zonas con pocos vecinos, para que la ocupación pase inadvertida o inmuebles que no tengan medidas de seguridad porque es más fácil ocuparlos", advierte. 

Esta situación ha hecho al Casco Histórico de Córdoba especialmente vulnerable. Sin embargo, y aunque según Fuster principalmente los ocupas buscan "zonas degradadas", hay personas que están buscando casas en promociones sin vender de la periferia. Uno de los últimos casos que se hizo de conocimiento público en Córdoba da cuenta del intento de una familia de ocupar un piso que pertenece al Banco Santander en La Arruzafilla, una zona residencial que comprende gran cantidad de construcciones nuevas. En esa ocasión, la única alternativa de los vecinos fue hacer guardias todos los días y avisar a los medios de comunicación. 

Y es que, las opciones para el propietario una vez se produce la ocupación van desde interponer una denuncia, negociar una "salida rápida" o "utilizar algún servicio privado de desocupación", que han sido, en ocasiones, tema de controversia. "Cada alternativa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y hemos visto una crecimiento en las alternativas a la denuncia", asegura el director comercial de VPS. Sin embargo, cuando se cumple más de un año de la entrada en vigor la Ley de Desahucios Exprés, que tiene el objetivo de agilizar el desalojo de los ocupantes de propiedades privadas, Fuster considera que "no ha tenido demasiado impacto". 

Para el experto en seguridad, la mejor opción es la prevención para minimizar el riesgo de intrusión cuando el inmueble está deshabitado. 

Ahora bien, una vez ocupado, el gasto medio que le supone a un propietario lidiar con la situación depende del tiempo que su propiedad esté ocupada, de la vía que utilice para recuperarla, de la reforma que tenga que llevar a cabo una vez la recupera, entre otros trámites. "Además de gastos legales y de los suministros, hay que valorar el coste de no poder usar, alquilar o vender el inmueble durante ese periodo. Sin contar con esos costes indirectos, en promedio le supone unos 30.000 euros de gasto al propietario", según los cálculos de VPS.