Córdoba es la tercera provincia andaluza más afectada por el problema de los ocupas de viviendas. Así al menos se pone de manifiesto en un estudio por el Grupo VPS y que recoge los datos del Ministerio del Interior. Andalucía es la provincia más afectada por los ocupas es Sevilla, con un total de 915 viviendas ocupadas durante el año 2018, seguida de Málaga y Córdoba con 823 y 742 casas ocupadas respectivamente. Esto supone que prácticamente se sufren dos asaltos a viviendas cada día, unos 60 al mes, de media.

En el caso de la capital, los vecinos del casco histórico han sido los que en los últimos años más han denunciado este tipo de situaciones, sobre todo porque se trata de zonas en las que hay bastantes inmuebles sin habitar o en estado de semiabandono. También hay casos fuera del casco, como Huerta de la Reina, donde sus residentes también han lanzado la voz de alarma y han pedido la colaboración de las administraciones. 

La mayoría de las ocupaciones, según los datos facilitados, no tienen que ver con situaciones de necesidad, sino que se trata de grupos organizadas que llegan a montar incluso un negocio en torno a la ocupación ilegal. En Córdoba, en la primavera de 2016, vecinos de barriadas periféricas como Encinares de Alcolea denunciaron precisamente este tipo de situaciones.

La cifra ha ido creciendo en los últimos años, si se tiene en cuenta que en el año 2016 la Policía intervino en 483 entradas ilegales en viviendas en Córdoba. Pero hay que tener en cuenta  que hay casos en los que no hay denuncia por parte de los propietarios ni aviso de los vecinos. La ocupación del inmueble entonces se materializa y pueden pasar meses hasta que son detectadas.

Coste económico para el propietario

Según VPS, empresa dedicada a instalar sistemas antiocupas, desde que una vivienda es ocupada hasta que es liberada de nuevo el propietario se enfrenta a unos costes que oscilan entre los 25.000 y los 30.000 euros. Dichos costes tienen en cuenta la renta que deja de percibirse por la explotación de la casa y los gastos en arreglos que de media tienen que soportar los propietarios una vez que las viviendas han sido recuperadas, además del proceso legal que implica, que conlleva un a media de ocho años y una inversión de 2.500 euros.

Más de 5.000 viviendas vacías

Córdoba contaba en 2018 con 5.158 pisos vacíos frente a las 5.348 que se contabilizaron en 2017, lo que supone una reducción en el último año. Se trata de inmuebles que no están a la venta pero tampoco cuentan con inquilinos.El director comercial de VPS, José Fuster, advierte del efecto llamada que puede generar la nueva Ley del Desahucio Exprés que entró en vigor el pasado mes de julio y cumple 10 meses sin muchos resultados.

La nueva norma, que protege a los propietarios, excluye a las personas jurídicas lo que evita que bancos, cajas de ahorro y fondos buitre puedan acudir a ella. “Creemos que éste puede ser el resquicio que aprovechen las mafias para ocupar un amplio parque de inmuebles como es el de los pisos de fondos buitre y bancos”.