La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha prorrogado con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía el convenio para el desarrollo del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección.

Para la Junta, este acuerdo supondrá una inversión de 1,3 millones de euros para la provincia de Córdoba en 2021, que beneficiará a nueve entidades locales y la Diputación provincial y permitirá atender a más de 566 familias y 1.135 menores.

En el caso de Córdoba, los 15 ETF, integrados por 45 técnicos, atendieron a 1.135 menores procedentes de 566 familias durante 2020. Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, la subvención asciende en la provincia a más de 1,3 millones de euros.

Esta cantidad se repartirá entre la Diputación provincial (355.224 euros), y los Ayuntamientos de Baena (88.806 euros); Córdoba (355.224 euros); Cabra (88.806 euros); Lucena (88.806 euros); Montilla (88.806 euros); Palma del Río (88.806 euros); Priego de Córdoba (88.806 euros) y Puente Genil (88.806 euros).

En cuanto a la tipología de familias, la Diputación ha señalado que destacan las biparentales y, detrás de estas, aquellas en las que los padres están separados o divorciados y tienen la custodia compartida. Si se analizan las situaciones de desprotección trabajadas por los equipos, se desprende que en el 72,56% de ellas se da negligencia, en el 46,34% maltrato psicológico o emocional, en el 30,79% incapacidad parental de control de conducta y en el 7,32% de los casos hay maltrato físico.

Respeto a los indicadores de riesgo asociados a los menores, destacan los problemas de comportamiento en el 37,80% de los casos, los problemas psicológicos en un 30,18%, la exposición a la violencia de género en el 22,87%, la asunción de roles parentales en un 10,06% y absentismo escolar en el 9,45% de los casos.

En el acto de renovación del acuerdo han estado presentes el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz; el delegado provincial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Antonio López; el presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez; y representantes de los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba.

Antonio Ruiz, ha subrayado que “para nosotros es fundamental esta labor que realizamos porque está dedicada a los más vulnerables, a nuestra infancia, y con ello lo que hacemos es atender desde la Diputación a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes con cuatro equipos formados por trabajadores, educadores sociales y psicólogos”.

En virtud de este acuerdo, ha señalado Ruiz, “la cuantía económica dedicada a este fin alcanza los 632.164 euros, de los cuales la Diputación aporta la cantidad de 319.139 euros y la Consejería aporta 355.224 euros”. El presidente de la Diputación ha destacado que “se ha hecho un esfuerzo para aumentar en más de 42.199 euros nuestra aportación”.

Finalmente, ha valorado que “es un servicio básico que prestamos en los municipios de menos de 20.000 habitantes, es la primera atención de la que disponen las familias para tratar determinadas cuestiones y evitar otras medidas más drásticas como sacar el menor de la familia”.

El objetivo del convenio es proporcionar a las familias un tratamiento específico que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo o desprotección que pueda afectar al bienestar de los menores.

Mientras, el delegado territorial de Igualdad, Antonio López, ha explicado que este convenio abunda en el reconocimiento de la familia como institución fundamental para el desarrollo de la persona que recoge la nueva Ley de Infancia, ya en trámite parlamentario tras salvar la enmienda a la totalidad con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Una norma que tiene, entre otros objetivos, “orientar las políticas públicas para dar una atención integral a los menores abordando sus necesidades físicas, pero también las psicológicas, emocionales, sociales e incluso del propio entorno medioambiental”.

Los programas de tratamiento familiar cumplen un doble objetivo: por un lado eliminan y cortan la conducta de maltrato, y por otro persiguen instaurar y potenciar conductas positivas de relación familiar. El tratamiento a realizar tiene como finalidad promover un funcionamiento autónomo e independiente de la familia, dotándola de suficientes competencias para que alcance su plena autonomía en la solución de problemas de cara al futuro.

“Se trata de proporcionar a las familias un recurso específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras, de forma que puedan compensar así la situación de riesgo o desprotección que afecta, directa o indirectamente, al bienestar de los menores”, ha detallado Antonio López.