Los médicos de Atención Primaria de la provincia de Córdoba están convocados a una huelga de 24 horas el día 27 de noviembre por la "insostenible situación" que sufre la Medicina Familiar en Andalucía y la "deficiente gestión" que está llevando a cabo el Servicio Andaluz de Salud (SAS). A este paro están llamados unos 900 médicos de familia y 50 pediatras titulados, es decir, casi un millar de profesionales. En esa jornada, además, habrá una concentración frente a la sede del SAS en Sevilla y durante estas semanas habrá recogidas de firmas en los centros de salud para que los ciudadanos puedan mostrar su apoyo a los facultativos.

"La situación de la Atención Primaria andaluza es insostenible y la gestión que de este tema está realizando el SAS, lejos de mejorarla, está provocando la desesperación e indignación de todos los facultativos que desarrollan su labor en este ámbito", indica el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en el comunicado elaborado tras la asamblea extraordinaria celebrada ayer.

Una de las peticiones es conseguir diez minutos de atención para cada paciente

Los médicos malagueños iniciaron el pasado mes de octubre una serie de concentraciones -a las que más tarde se sumaron los facultativos onubenses- para reclamar unas condiciones de trabajo dignas que aseguren una asistencia correcta a los ciudadanos, pidiendo que se favorezca una verdadera participación de los profesionales en la gestión. Ante la falta de respuesta del SAS, todas las provincias han decidido sumarse a estas movilizaciones.

El SMA asevera que "el SAS debe invertir, planificar y ejecutar de manera transparente, consensuada, eficiente y atendiendo a nuestras justas reivindicaciones". Hace años que los galenos de Atención Primaria vienen haciendo una serie de peticiones a la Consejería de Salud, que en este tiempo ha hecho oídos sordos.

En concreto, los médicos de cabecera demandan el "dimensionamiento adecuado de las plantillas" para conseguir diez minutos de atención para cada paciente, la cobertura de las ausencias, vigilancia y medidas de seguridad en todos los centros, medidas de mejora salarial tendentes a la equiparación con el resto de las comunidades autónomas, acabar con los objetivos economicistas en la gestión clínica y la mejora de las condiciones laborales y retributivas en las Urgencias de Atención Primaria.