La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación reforzará con un total de 107 profesionales (1.259 en toda Andalucía) los servicios sociales comunitarios de la provincia de Córdoba, lo que permitirá agilizar la tramitación de la Renta Mínima. Así lo ha destacado la consejera del ramo, Rocío Ruiz.

En este sentido, ha explicado que ya se están contratando por las entidades locales de Córdoba a través de la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas (Eracis) a 61 profesionales (837 en Andalucía), dado que en estas zonas se producen casi el 50% de las personas que perciben estas prestaciones.

Además, ha informado de que se ha solicitado modificación presupuestaria para transferir créditos a las entidades locales a fin de reforzar dichos servicios en personal administrativo en todos los centros (27 en Córdoba de 249 en Andalucía) y en un trabajador social en cada uno de los centros de los servicios sociales comunitarios (19 en Córdoba de 173 en toda Andalucía) que no coinciden con zonas desfavorecidas.

Los primeros contratos se están haciendo en aquellas zonas donde más ayudas se piden

La consejera ha informado de que hasta el 25 de marzo se han presentado en Andalucía un total de 92.615 solicitudes y más de la mitad están sin resolver. En concreto, quedan pendientes 48.442 solicitudes. En lo relativo a la provincia de Córdoba, no se han resuelto 4.709 solicitudes de un total de 9.545 presentadas (el 49,3%), con una media de retraso de diez meses.

Además, ha denunciado que el anterior gobierno socialista dejó de invertir en 2018 más de 141 millones de euros, de los 198 millones que estaban presupuestados en Andalucía, ejecutando por tanto sólo 56,9 millones de euros. “Es un problema derivado de la manifiesta incapacidad de gestión del gobierno socialista en esta materia, ya que aprobó el Decreto Ley de la Renta Mínima sin haber realizado una labor previa de información, planificación y adecuación de medios técnicos y de personal”, ha resaltado Rocío Ruiz.

La responsable de las políticas sociales en la Junta de Andalucía ha avanzado también que entre otras medidas “vamos a reforzar la formación y la información a los profesionales de los servicios sociales comunitarios sobre esta prestación, ya que hemos advertido que hay un porcentaje importante de solicitudes que son denegadas o no admitidas, debido fundamentalmente al desconocimiento de los solicitantes acerca de los requisitos para acceder a esta ayuda”.