La Junta investigará a los hospitales de San Juan de Dios y Cruz Roja de Córdoba por la intoxicación con los montaditos de pringá

Córdoba/La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha notificado a Facua la apertura de una investigación a los hospitales de San Juan de Dios y Cruz Roja por no haber informado de los clientes de la taberna La Sacristía intoxicados tras haber consumido montaditos de pringá el pasado 4 de enero.

Los incumplimientos de la obligación de alertar a la autoridad sanitaria provocaron que la Junta no conociese los hechos hasta que una afectada notificó las intoxicaciones por correo electrónico cinco días después de los primeros ingresos, que se produjeron en las Urgencias de ambos centros sanitarios.

En sus denuncias, Facua señaló que ambos centros y los profesionales sanitarios que atendieron a los intoxicados podrían haber vulnerado la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. La asociación advierte que esto implicaría una infracción grave del artículo 105 de dicha ley al no haber aplicado el protocolo comunicando los datos a la autoridad sanitaria.

Los informes de alta de Urgencias de dos intoxicadas que acudieron al Hospital San Juan de Dios los días 5 y 8 de enero recogen que habían comido en un restaurante el día 4, pero no incluyen el nombre. En el primer informe se indica que la afectada relató que "10-12 de los comensales están con clínica similar" y en el segundo, que había "familiares en estado similar". Por su parte, familiares de la mujer que falleció en el Hospital Cruz Roja el 6 de enero tras su ingreso el día anterior relatan que expusieron a los médicos que había comido alimentos de la taberna La Sacristía y que había varias personas intoxicadas.

El Protocolo de Actuación ante Alerta por Toxi-infección Alimentaria (TIA) de la Consejería de Salud establece que cualquier centro sanitario que atienda a afectados "lo comunicará con urgencia al Epidemiólogo del Distrito". En caso de que la atención se produzca de 15:00 a 08:00, fines de semana y festivos, la comunicación se realizará contactando con el Servicio Asistencial 061 desde el centro sanitario público o privado.

Según el citado protocolo, esta comunicación debe hacerse en cuanto aparezca "un solo caso" de intoxicación si existe la "implicación de un establecimiento público o un alimento comercializado". Pero según la información difundida públicamente desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta, no fueron conocedores de las intoxicaciones hasta el día 13 de enero, por lo que ninguno de los dos hospitales les habría trasladado los casos.

El hecho de que se trate de centros privados no les exime del cumplimiento de la obligación de informar de inmediato a la Junta cuando atienden a un paciente con síntomas de intoxicación alimentaria. En su artículo 62.7, la Ley de Salud Pública de Andalucía indica que "todos los centros y profesionales sanitarios, tanto públicos como privados, con independencia de su finalidad, forman parte funcionalmente del Sistema de Vigilancia en Salud, aportando la información necesaria para la vigilancia en salud de la población". En su artículo 64, apartado 1, se señala que "los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto del sector público como privado, así como los profesionales sanitarios en ejercicio, están obligados a facilitar la información solicitada por el Sistema de Vigilancia en Salud".

El director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, Manuel Fernández Zurbarán, ha comunicado a Facua Córdoba que, tras recibir sus denuncias, "se ha trasladado a la unidad correspondiente para que se investigue y se lleven a cabo las actuaciones oportunas".

Retraso de la propia Junta

El retraso en la actuación de la Junta no estuvo motivado únicamente por el hecho de que los hospitales no le trasladaran la información sobre las intoxicaciones. El correo en el que una afectada relataba los hechos fue enviado el día viernes 10 de enero por la tarde a una dirección de correo de la Delegación Territorial de Salud y Consumo que el Ejecutivo ofrece en su web para notificar asuntos relacionados con información general de salud pública, pero no fue abierto hasta tres días después. Para colmo, Salud no envió a un inspector al restaurante para recoger muestras hasta el día 13.