La inversión en obra pública en Córdoba durante 2023 ha caído un 16%, hasta los 296 millones (el 8,3% de los 3.548 millones en Andalucía), y es la segunda provincia andaluza que menos recibe de los contratos de las diferentes administraciones públicas. El retroceso se explica por la caída del esfuerzo inversor por parte del Gobierno de España, en un 42% con respecto al año anterior, para unos 63,8 millones de euros, y de la Junta de Andalucía, de un 37%, hasta los 75 millones de euros. 

Así, el año pasado se rompió la senda alcista que venía registrando en los últimos ejercicios, especialmente en 2022 cuando alcanzó los 321 millones, que representaba un 9,4% del total de Andalucía. Un retroceso que se debe a la contracción procedente tanto del Gobierno central como del autonómico. En el primer caso, solo presenta adjudicaciones por valor de 63,3 millones en el conjunto de la provincia, lo cual supone un descenso del 42% con respecto a la cifra del ejercicio anterior. Algo similar sucede con la Junta de Andalucía, cuyo montante económico se queda en 75 millones (119 millones el año anterior), es decir, un 37% menos. 

Esta es la principal conclusión que se extrae del informe elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que sugiere que la cifra se mantiene, sin embargo, gracias al esfuerzo de los ayuntamientos cordobeses, que destinaron para infraestructuras 93,8 millones (un 48% más) en un año, y de la Diputación, que aumentó su partida para este concepto en un 22% hasta los 31,1 millones. Los ayuntamientos más inversores de la provincia son el de Córdoba, con 63,7 millones de euros, lo que equivale al 68% del volumen conjunto de todos los consistorios de la provincia, seguido, muy lejos, por el de Cabra, con 4 millones de euros, y el de Lucena, con 3 millones de euros. 

Los mayores aumentos porcentuales, en cualquier caso, se dan en las universidades y en los entes públicos englobados en el epígrafe Otros, con alzas del 125% y el 188%, respectivamente. No obstante, su aportación en términos absolutos es prácticamente insignificante, dado que apenas suman en total 5,3 millones de euros.

Por provincias

En contraposición de lo que ocurre en Córdoba, la inversión en obra pública en el conjunto de Andalucía durante 2023 volvió a crecer por tercer año consecutivo, si bien a un ritmo muy inferior al del ejercicio anterior. Así, el volumen económico del conjunto de todas las administraciones repuntó hasta los 3.548 millones de euros, lo que supone un 3,3% más con respecto a 2022, cuando la subida registrada fue del 23%, según recoge el informe de la Ceacop.

En esta ocasión, es el Gobierno central el organismo más inversor con 1.350 millones (38% del total), por delante de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que suman 1.012 y 968 millones respectivamente. El resto se reparte en su mayoría entre las diputaciones provinciales (137 millones) y las universidades (33 millones).

Solo el Ejecutivo central ha incrementado la inversión con un alza del 37%, mientras que el resto ha reducido sus partidas. En términos relativos, el mayor retroceso se da en las universidades (-34%), diputaciones (-21%) y los consistorios (-15%), mientras que la reducción en el caso de la Administración andaluza es del 2,3%.

Poniendo la lupa sobre las inversiones en las ocho provincias andaluzas, el ranking lo encabeza Cádiz con 777,6 millones de euros. El podio lo completan Málaga y Sevilla, con 512,4 y 492,9 millones, respectivamente. A corta distancia se sitúan Granada (477,8) y Almería (422,7). El sexto lugar lo ocupa Huelva (298,4) ligeramente por delante de Córdoba (296,2), mientras que en último lugar vuelve a aparecer Jaén con 175,9 millones.

Entre las adjudicaciones más significativas del conjunto de administraciones, resaltan las obras de Emacsa. El proyecto de construcción del tanque de tormentas en el balcón del Guadalquivir de Córdoba, por 22,2 millones de euros, es el más relevante. También destacan la obra del Ministerio de Hacienda del vallado de la parcela para la urbanización de la Base Logística del Ejército de Tierra, con un presupuesto de 23 millones de euros, o de la futura Comisaría del Distrito Este de la Policía Nacional, por 19,1 millones. 

Alertan de la "decreciente" participación de empresas andaluzas

El presidente de Ceacop, Carlos López Navarrete, valora positivamente, aunque con matices, el ligero crecimiento experimentado en el conjunto de Andalucía: “Todavía estamos muy lejos de los 4.300 millones que se invirtieron de media anual entre 2006 y 2009, sobre todo, si consideramos el factor inflación, que supone un 43% desde 2006. Teniendo esto en cuenta, la realidad es que la inversión actual apenas supone el 56% del periodo mencionado”.

En cualquier caso, el aspecto más negativo que se desprende del informe de Ceacop es la decreciente participación de la empresa andaluza en los contratos adjudicados. En 2023 apenas alcanzó un 52% del importe total, es decir, tres puntos porcentuales menos que el ejercicio anterior y muy lejos del 75% que reclama el sector regional.

Para Ceacop este es un hecho que, en gran medida, se debe a la política que viene aplicando el Gobierno central desde hace años: en la misma línea que en 2022, apenas otorga el 23% de sus adjudicaciones a compañías andaluzas. Poniendo el foco exclusivamente en la rama de consultoría, el porcentaje es del 34%. Por el contrario, ayuntamientos y diputaciones confían a las firmas regionales más del 70% de sus obras y la propia Junta lo hace en un 66%, si bien este guarismo se reduce al 50% en proyectos de ingeniería.

El gerente de Ceacop, Arturo Coloma, defiende que “estas cifras deben mejorar de manera significativa, más aun teniendo en cuenta, por un lado, las magníficas compañías andaluzas con las que contamos y, por otro, que la mayoría de comunidades autónomas apoyan de manera decidida a su tejido empresarial, porque lo consideran prioritario para generar riqueza y empleo”.

Igualmente, expresa el “rechazo frontal” de la asociación “a que se admitan ofertas temerarias, ya que supone poner en riesgo la inversión a realizar, fuerzan la competencia con bajas excesivas dificultando las condiciones del sector y pueden, además, suponer la introducción de un criterio de subjetividad en las adjudicaciones al poderse admitir o no las justificaciones de temeridad que se presentan”.